Tras el paro nacional, las mesas de diálogo se instalaron para trabajar entre delegaciones del Gobierno y del movimiento indígena. Pero otros sectores han expresado su intención de ser parte de esas mesas, por ejemplo, parte del gremio de transportistas y de los bananeros. Así también la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) han pronunciado la necesidad de mantener una veeduría. Los analistas políticos Andrés Campaña y Francisco Montahuano evalúan si son o no pertinentes esas inclusiones.
La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (Fettepi), dirigida por Carlos Brunis, busca ser parte de la mesa que analiza la focalización de subsidios a los combustibles o que se traten sus requerimientos, como acceso a créditos. La Asociación de Bananeros de El Oro y otros productores del Guayas también exigen soluciones al Gobierno. El dirigente Segundo Solano mostró apertura a la posibilidad de que se incluya al gremio en la mesa correspondiente para que se resuelva la crisis económica de los bananeros.
Para el analista Campaña, el movimiento indígena es el que tiene más legitimidad para plantear las reivindicaciones y el Gobierno debe tratarlas como una prioridad, debido a su situación socioeconómica, porque la situación precaria del país se concentra en el área rural, dijo.
No obstante, cree que la atención del Gobierno “no se puede circunscribir al movimiento indígena” porque también hay otros sectores populares y urbanos que “plantean las mismas reivindicaciones”. Pero para el analista Montahuano, las necesidades de los transportistas, por ejemplo, se deben manejar aparte.
Montahuano considera que al ser distintos sectores no se puede hablar de las mismas condiciones y sería un “error” tratar en los mismos puntos a actores que “responden a otro tipo de identidades políticas”.
Veedurías
El 12 de julio la Asamblea Nacional resolvió recomendar a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que asambleístas de las comisiones permanentes integren las mesas técnicas de trabajo para asegurar el cumplimiento de los 10 puntos del Acuerdo de Paz.
Por otro lado, el 13 de julio el Cpccs resolvió convocar a la conformación de una veeduría ciudadana nacional para el seguimiento a las mesas de diálogo. Esto tras recibir a representantes del Colectivo Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, quienes a través del mecanismo de la silla vacía solicitaron al Consejo que promueva la participación de la ciudadanía en la vigilancia del proceso de diálogo y del cumplimiento de los acuerdos.
Campaña cree que el Legislativo debe tener presencia en las mesas por si se establecen políticas públicas con incidencia normativa, de modo que estas cuenten con la legitimidad de la Asamblea Nacional.
El Legislativo y el Cpccs puede tener veedores en las mesas, pero están deslegitimados ante la opinión pública, analiza Montahuano. A la Asamblea le suma la ausencia de resultados para algunos problemas que plantea la Conaie, por ello, el analista duda de lo que sus representantes puedan aportar a las mesas de diálogo.
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