La Asociación de trabajadores de la rama de la energía y el petróleo (Antep) expusieron el miércoles 14 de julio de 2021 su posición frente al Decreto Ejecutivo No. 95 que establece una nueva política hidrocarburífera en el país.
Los trabajadores petroleros no están de acuerdo con que se delegue a empresas privadas campos que están a cargo de Petroecuador como establece la normativa, suscrita por el presidente Guillermo Lasso el pasado 7 de julio. Según los trabajadores, esta sería una decisión desacertada del gobierno porque perdería rentabilidad petrolera. Además, piden que la empresa estatal tenga autonomía para que sea más eficiente.
El grupo de trabajadores recordó que desde 2011 se mantienen contratos de prestación de servicios específicos para la producción de campos que hasta esa fecha eran totalmente operados por la estatal.
En un el último reporte de Petroamazonas, publicado en el 2019, se muestra la renta petrolera para el Estado de sus activos en 2018. Con estas cifras, David Almeida, secretario General de la Antep, demostró cuáles han sido los resultados de los tres campos más importantes del país: Sacha, Auca e ITT.
Según esos datos, el campo Sacha, que es operado totalmente por Petroecuador, reportó una rentabilidad del USD 56,47 por barril en el 2018.
En cambio, el campo Auca, con similares características de Sacha y que fue delegado a privados, reportó una utilidad para el Estado menor del 47%, es decir, USD 29,63 por barril, esto como consecuencia de la tarifa que recibe la contratista por parte del Estado.
En el caso de ITT, operada totalmente por el Estado y que empezó su desarrollo en el 2015, la rentabilidad es de USD 29,14 por barril. “Todos los costos que se reportan son las inversiones que se tienen que realizar al inicio de un campo”, dijo Almeida.
En cambio, para el año 2018, el año analizado, Auca ya era un campo maduro y donde toda la infraestructura ya estaba instalada, la renta para el Estado es casi similar a la de ITT, con un crudo de menor API y en el que el Estado ha realizado toda la inversión para su desarrollo, desde cero. “Por tanto, se demuestra que la privatización de los activos en producción, sin importar si la figura es prestación de servicios o participación, es perjudicial para el Estado”, señaló la Antep.
Otro de los puntos que establece el decreto es la venta de las gasolineras a cargo de la estatal. Este es otro de los puntos que están en desacuerdo los trabajadores petroleros, ya que, según el gremio, las gasolineras de Petroecuador permiten el control de precios de combustibles liberados como la gasolina súper. “Su privatización eliminaría esta regulación del mercado y dispararía los precios”.
Según la Antep, en un recorrido realizado el del 13 de julio, por estaciones de servicio en la ciudad de Quito, se observó que las gasolineras que establan próximas a las estaciones de servicio de Petroecuador tenían precios más bajos para la gasolina súper, en una ubicada a 500 metros el precio del galón del combustible estaba a USD 3,16 y en otra gasolinera privada ubicada a 3 Km a USD 3,34.
Otro de los reparos que tienen el grupo de trabajadores son las cifras de subsidios presentadas por el gobierno. Según el grupo, no son reales y cuando se realiza correctamente los cálculos, se obtiene utilidad para el Estado en el 2019 y 2020.
“Los gobiernos han difundido cifras elevadas de subsidio a los combustibles, sin embargo, nunca han demostrado cómo se calculan”, dijo Almeida.
Además, señaló que cuando el cálculo se realiza de manera adecuada, tomando en cuenta que se produce combustibles también en las refinerías estatales, que el crudo que cargan las refinerías tiene un costo de producción menor al precio internacional, y que hay derivados que se exportan a precio internacional, la utilidad por producción de derivados fue de USD 153,5 millones en 2019 y USD 280,7 en 2020. Invitaron al Gobierno a un debate público sobre estas cifras.
En este sentido, la propuesta de los trabajadores es que se permita que Petroecuador opere como una empresa con autonomía administrativa y financiera, sin retirarle su flujo de caja, sino recibiendo solo su utilidad. “Las mismas tarifas que se entregan a las privadas pueden ser pagadas a Petroecuador por su operación, y con ello se pueden realizar las inversiones necesarias”, señaló.
Asimismo, apuntó que “Petroecuador, al igual que otras instituciones con alto flujo de caja como el IESS, han sido históricamente la caja chica de los gobiernos y objetivo de corrupción para los funcionarios de libre remoción ubicados por esas mismas autoridades”, dijo Almeida.