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Seguros Sucre deberá cubrir siniestros de pólizas vigentes mientras se liquida

Una funcionaria ingresa a una de las oficinas de la aseguradora estatal, ubicada en el sector norte de la capital del país. Foto: archivo / EL COMERCIO

Sucre, de propiedad estatal, emitió USD 283 millones en primas en el 2020 y hasta marzo pasado ya había emitido 77 millones, según información de la Superintendencia de Compañías.

Esos contratos se respetarán hasta su terminación, mientras se da la liquidación de la compañía dispuesta por el presidente Guillermo Lasso.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) dijo ayer, 16 de junio del 2021, sin dar más detalles, que acatará el pedido realizado por el Jefe de Estado para poner fin a la “corrupción” en esa empresa.

El Mandatario también pidió a la CFN que nombrara un liquidador que no tenga o haya tenido vínculos con la compañía y que disponga el cese de nuevos negocios, emisión, extensión o renovación de pólizas.

La liquidación tomará tiempo y puede ser compleja. Dayan Argüello, exgerente de Sucre, explicó que la decisión de tener una empresa estatal corresponde al Ejecutivo, sin embargo, dijo que el proceso puede enfrentar varios problemas.

Uno de ellos es que la firma tendrá que responder por eventuales siniestros de sus clientes, pero no contará con ingresos de renovaciones de primas o de nuevos contratos, que ya no estarán permitidos mientras se da la liquidación voluntaria. Frente a ello, la firma tendrá que recurrir a desinversiones, lo cual no es tan sencillo.

Otro problema es que las entidades públicas le deben USD 128 millones a Sucre. “Se trata de una cartera vencida alta, que si no se gestiona rápido, es decir, si no se buscan acuerdos de pago, se puede configurar un coctel perfecto para una liquidación forzosa”, explicó Argüello.

Hay pólizas que están por vencer, como las de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para la cobertura de hidroeléctricas y otros bienes, que rige hasta el 1 de agosto, o la póliza de todo riesgo de Petroecuador que termina en septiembre, por lo que las empresas deberán iniciar rápidamente procesos si no quieren quedarse sin protección.

Otro tema que puede demorar la liquidación es que, dentro de los procesos de liquidación, se requiere que los acreedores, clientes y proveedores confirmen que no hay obligaciones pendientes con ellos. Ese es un requisito que va a solicitar la Superintendencia de Compañías, una vez que el Directorio de la CFN oficialice el pedido de liquidación.

Sucre tiene litigios pendientes que se arrastran desde hace años. Por ejemplo, Petroecuador reclama el pago de un siniestro por unos USD 34 millones que está aún en cortes.

En el 2007, Sucre tenía solo el 2% de participación en el mercado asegurador ecuatoriano, pero desde el 2008 -en el Gobierno de Rafael Correa- creció como la espuma, de la mano del Estado. El primer paso fue garantizarle las pólizas de todos los vehículos y los contratos de 170 dependencias estatales. Luego, en el 2009, Correa dispuso que las entidades del sector público contrataran de forma directa sus pólizas solo con Sucre.

Con ello, se convirtió en la líder del mercado. El año pasado alcanzó una participación del 17%.

Pese a su aparente solidez, la aseguradora registró pérdidas por más de USD 8 millones el año pasado y, además, enfrenta varias investigaciones por irregularidades en su funcionamiento y en la gestión de varios directivos. Por ejemplo, el expresidente del Directorio de Seguros Sucre, Juan Ribas Domenech, que estuvo a cargo de la firma del 2013 al 2017, enfrenta cargos judiciales en Miami (Estados Unidos). Está acusado de recibir USD 6,5 millones en sobornos, para adjudicar contratos de la aseguradora ecuatoriana con una tercera empresa en el exterior.

En mayo del año pasado, la Policía detuvo también a José Romo Rosales, quien fuera gerente en el 2016, por el presunto delito de lavado de activos.

La Fiscalía determinó el movimiento irregular de USD 1,3 millones por parte de Seguros Sucre, que señala provenían del pago de coimas por reaseguros que habrían sido gestionados por Ribas y Romo Rosales.

José Ibáñez, exmiembro del Directorio de la CFN, cree que la liquidación de la aseguradora es oportuna, por los escándalos de malos manejos que se dieron en años anteriores.

En su opinión, la rentabilidad que obtuvo la firma hasta el 2019 se debe a un subregistro de pagos; por ejemplo, al incumplimiento en indemnizaciones de siniestros, como en el caso de las Fuerzas Armadas. “No pagaba siniestros y solo cobraba primas”, dijo Ibáñez, quien cree que la liquidación puede tomar unos tres años.

La liquidación no implica que las investigaciones por irregularidades sean omitidas. “El destapar los delitos dependerá del liquidador. El Gobierno debe presionar que se haga una auditoría integral”, agregó.

#ATENCIÓN | El presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 82 que dispone la liquidación de Seguros Sucre S.A. Detalles » https://bit.ly/35lPD1I

Posted by El Comercio on Tuesday, June 15, 2021