Entrevista del día. María Herrera, ex presidenta del Colegio de Economistas de Pichincha.
El Censo Económico muestra que Quito es la capital económica del país. ¿Qué implicaciones tiene eso?
Hay una realidad innegable: la capital concentra la mayor cantidad de establecimientos, ingresos, empleos, etc. de todo el país.
¿Pese a que las empresas estén domiciliadas en Quito y su producción se realice en otras zonas del país?
No creo que eso afecte mayormente. En cuanto a cifras podría haber una ligera distorsión, pero la realidad es que en Quito se concentran todas las empresas por las facilidades operativas que encuentran para sus negocios.
El peso económico de Quito debiera reflejar en un trato diferente por parte del Estado, por ejemplo, en más asignaciones, obras, etc.
Ese es un tema polémico. Las provincias reclaman que generan muchas rentas y reciben menos de lo que deberían. En el caso de Quito, ante esta concentración, los recursos no son suficientes para contar con mayor infraestructura, mejores vías, entre otros.
¿La asignación presupuestaria debiera ser mayor?
La asignación para cada ciudad debe ser proporcional. No podemos tomar una torta y repartir a todos por igual. Si hay una provincia con menor concentración económica es obvio que los recursos deberán ser menores.
¿Lo mismo sucederá en el caso de los municipios?
Todos deben ser tratados con los mismos parámetros. El problema es que las cosas se manejan de forma política y ahí se producen distorsiones. La centralización lleva a que la gente deje sus lugares de origen y se desplace a donde encuentre mejores condiciones laborales, económicas, etc.
Uno de los elementos que reveló el censo fue la alta concentración de establecimientos dedicados al comercio. ¿Cómo impacta esto?
Esta situación se reproduce a escala nacional. Si bien el comercio es una actividad que dinamiza la economía de un país, no genera valor agregado.
¿Qué se necesita?
Mayor producción que genere valor agregado. Sin embargo, la estructura legal y económica del país ha llevado a que para un ciudadano sea más fácil importar y vender que ponerse una empresa en la que tengan que poner en juego un proyecto: hacer estudios de mercado, competir, etc.
Pero en ambos procesos se debe generar un proyecto.
Es verdad, pero vender es menos difícil que producir bienes y servicios. Cuando alguien produce se genera inmediatamente valor agregado, mientras que en comercio esto no sucede.
El Censo Económico también muestra un sector industrial con poco peso en la economía. Eso se evidencia en el número de empresas y los empleos generados por este sector. ¿Qué factores explican esta realidad?
Alrededor de esta situación hay dos elementos. Por un lado, la industria ha sido históricamente protegida por los gobiernos. Ahora los empresarios, por sí solos, deben hacer que repunten sus negocios, porque no existe seguridad jurídica en el país y no hay condiciones para que la industria se desarrolle.
Más allá de estos problemas, según el Censo, hay industrias como la de manufactura de prendas de vestir que han repuntado. En este caso, ¿esta realidad es producto de los aranceles que se han fijado a los productos textiles importados?
Puede que haya ayudado un poco. Pero las industrias textiles del país son firmas que tienen años en el mercado. Son estables y conocen de tecnología, administración, etc. Pero insisto, la seguridad jurídica es un factor clave para que las empresas arriesguen, inviertan y se mantengan.
¿Cuánto ayudan los datos de Censo para que el Estado genere políticas públicas que impulsen la producción y el empleo en el país?
Cuando se tienen cifras se sabe lo que está sucediendo y es mucho más fácil saber dónde atacar. El Estado debe impulsar, capacitar y promocionar las diferentes actividades productivas en Ecuador.
¿Cómo generar estas políticas públicas en el país?
Empatando los datos con el Censo de Población. Con ello se podrán generar estrategias en salud, obra pública, economía, etc.
¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Fue presidenta del Colegio de Economistas de Pichincha. Es profesora investigadora de la Universidad Católica del Ecuador.
Su punto de vista. Los resultados del censo obligarán al Estado a reconsiderar las asignaciones presupuestarias y las políticas públicas para las provincias.