El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, espera que la decisión de la Asamblea Nacional, de condenar la suscripción del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Ciadi), no afecte la agenda del Gobierno enfocada en atraer nuevas inversiones, sobre todo en materia energética.
“Creo que la incorporación del Ecuador al Ciadi sin duda alguna es una señal importante para la inversión extranjera. Y esto tiene que mantenerse. Creo que es una posibilidad para que las empresas puedan vivir la seguridad jurídica como un hecho concreto. Espero que la resolución de la Asamblea no afecte el interés de los inversionistas de invertir en el país”, indicó Bermeo este miércoles 28 de julio del 2021, tras una reunión con empresarios en Quito, a quienes presentó la Nueva política petrolera.
En el encuentro denominado ‘La política de hidrocarburos: un análisis pragmático para su implementación’, organizado por la firma SPE del Ecuador, el Ministro explicó el alcance del Decreto Ejecutivo Nro.95, mediante el cual el Gobierno definió los lineamientos generales de su agenda de trabajo en esta materia. El Decreto fue expedido el 7 de julio del 2021.
“Mi presencia aquí es para solicitarles que mantengan ese compromiso (de invertir). Hoy el país necesita de capitales, requiere tecnología. Las puertas del Ministerio están abiertas para la inversión privada“, dijo Bermeo. Añadió que se ha reunido con varias empresas que operan en el Ecuador, con el objetivo de analizar los nuevos contratos de participación que quiere impulsar el Ejecutivo.
Casi un centenar de empresarios participó en el encuentro en donde el Ministro presentó los cuatro pilares de esta nueva política petrolera: marco regulatorio y seguridad jurídica, atracción de inversiones, eficiencia en la empresa pública y transparencia.
Una de las inquietudes de los participantes en el encuentro se refirió al futuro de los activos de la industria hidrocarburífera. “En ningún caso, el contrato de participación prevé la venta de los activos del Estado. La migración de las empresas a este tipo de modelo contractual es voluntaria”.