El mercado de la televisión pagada está en crecimiento en el país. Desde febrero del 2011 hasta el mismo mes de este año 106 594 nuevos suscriptores optaron por este servicio. Es decir, en 12 meses este sector creció un 32%.
El servicio se amplía a las 24 provincias. Existen 260 empresas cuyo giro de negocio es la televisión pagada.
Muchas de estas compañías prestan el servicio local. Por ejemplo, empresas como Manavisión y Global TV, suman 860 suscriptores en San Cristóbal, Galápagos y en Loja, respectivamente.
En cambio, empresas como DirecTV, TV Cable, Satelcom están en el mercado nacional y juntas suman 227 400 suscriptores.
Estas cifras muestran que el mercado está en crecimiento. Sin embargo, estas firmas tienen un oponente que también está ganando terreno: el servicio de televisión irregular o ‘pirata’.
De los 96 521 decodificadores que ingresaron al país en el 2010, el 87,6% se destinó para empresas que tienen vinculación con el sector de telecomunicaciones. Mientras que el porcentaje restante, 12,4%, se canalizó hacia la categoría ‘otros’, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).
Esto pone en la mira a las personas que comercializan codificadores y antenas que captan la señal de la televisión pagada.
La oferta en el mercado de las personas que comercializan estos aparatos y el servicio es variada. Se ofertan entre 100 y 300 canales con una sola cuota inicial que oscila entre los USD 150 y 300.
Las formas de publicitarlo van desde anuncios en la sección de clasificados en los medios impresos, persona a persona, hasta papeles pegados en los diferentes postes de las calles de Quito.
Claudio Rosas, superintendente de Telecomunicaciones encargado, señaló que se intensificarán los controles para evitar que este servicio prolifere. El objetivo de la entidad de control, en primera instancia, es decomisar los codificadores de los locales que no tienen el permiso para comercializarlos. Posteriormente, las penas se endurecerán para las personas que adquieran el servicio. Pues, en el momento en que se apruebe el nuevo Código de Procedimiento Penal, que está en trámite actualmente en la Asamblea Nacional, la infracción será la cárcel para quienes contraten un servicio de televisión pagada irregular.
Las reacciones
La posibilidad de ir a la cárcel por la compra de estos equipos o servicios ‘piratas’ desató una ola de críticas en las redes sociales, donde los usuarios demandan de las autoridades que las sanciones con cárcel se enfoquen en delitos contra las personas: “Penalicen al sicariato, los asaltos a mano armada, delitos en serio”. “En todo el país las muertes violentas van en aumento y nada que lo arreglan”.
Además, la gente que accede al servicio ‘pirata’ señala que una causa para mantenerlo es la poca oferta de las operadoras.
Es el caso de Hilda C., una bióloga que tiene en su domicilio dos aparatos de cable irregular: uno en su dormitorio y otro en la sala. A ella le gustan los deportes y con el cable que adquirió en USD 350 accede a todos los canales que ofrecen esta programación. “He visitado algunas empresas de televisión pagada pero al momento de contratar me restringen casi todos los canales”. Ella considera que los usuarios son los que deben escoger según sus necesidades y no las firmas.
De igual manera, José P., un taxista, está por contratar el ‘cable pirata’, como él mismo lo denomina. La razón: no tiene dinero para cancelar cada mes por el servicio legal, además puntualiza que en la televisión nacional la programación es “deficiente”. De ahí que le ofrecieron un codificador y una antena con señal para acceder a 200 canales y 24 en alta definición (HD) por USD 250.
Clic aquí para ver la infografía
[[OBJECT]]