La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado ecuatoriano a garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia.
Así como a proteger la labor, vida e integridad de quienes investigan actos de corrupción.
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Esto en el marco de investigaciones realizadas por la Fiscalía General que revelan indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables.
También se habría pagado por modificaciones en composiciones de tribunales, retardos procesales injustificados, y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares.
La CIDH señala que, según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de ka judicatura estarían involucrados.
Las consecuencias
La Comisión de Derechos Humanos advierte sobre el impacto del crimen organizado en los sistemas de justicia de la región, que intenta cooptar los órganos judiciales con estructuras delictivas paralelas.
En la lucha contra la criminalidad organizada, la independencia e imparcialidad de la Función Judicial es indispensable, añade.
Se sugiere establecer estrategias efectivas para prevenir presiones externas, internas y hostigamiento contra las personas operadoras de justicia.
Estrategias sugeridas:
- Establecer unidades especializadas que aseguren una capacidad de respuesta real frente a denuncias de corrupción que cuenten con fondos apropiados.
- La remuneración, recursos humanos y técnicos adecuados.
- Capacitación permanente y seguridad de quienes investigan casos de corrupción.
La Comisión resalta la voluntad de las autoridades de Ecuador para luchar contra la corrupción y garantizar la independencia judicial frente a las injerencias del crimen organizado transnacional.
La CIDH concluye instando al Estado ecuatoriano a redoblar las medidas de protección a favor del personal judicial y fiscal.
También a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales para sancionar a los responsables materiales e intelectuales por la violencia contra personas operadoras de justicia.