El pasado lunes 13 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa envió el paquete de reformas a la Asamblea Nacional para aplicar la consulta popular, realizada el 21 de abril. Dentro de este proyecto, están reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de Extinción de Dominio.
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Hasta las 10:15 de este martes 14 de mayo de 2024, han ingresado tres proyectos de ley. Esto en referencia a las preguntas: 2, 3 y 4 de la consulta popular que deben pasar por la Asamblea Nacional.
Los temas de las preguntas de la consulta popular son:
- Control militar de armas en ingresos a cárceles.
- Incremento de penas para delitos relacionados con el crimen organizado y al narcotráfico, y otros.
- Cumplimiento de penas completas en prisión para sentenciados en doce delitos.
- Tipificación del delito por tenencia o porte de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas o Policía.
- Utilización de armas confiscadas a delincuentes por parte de policías y militares.
- Traspaso de bienes de origen ilícito al Estado.
¿Qué tiempo tiene la Asamblea para aprobar estos cambios?
Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad SEK de Quito, explica que la Asamblea tendrá 55 días para tramitar esta solicitud.
Una vez que ingresa el proyecto a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo califica y decide si es enviado a una comisión permanente, varias comisiones o crea una comisión ocasional multipartidista. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC) es partidario de la tercera opción.
Ron señala que: “Es un proceso de reformas legales, pero que debe garantizar todos los pasos al interior del procedimiento legislativo: los dos debates en Pleno de la Asamblea y los dos informes de la comisión”.
Para el experto es importante revisar el anexo, ya que se especula mucho con el tiempo. Ron comenta que el anexo es claro al mencionar que son 60 días para que el presidente presente el proyecto, entonces la Asamblea, desde hoy, tiene 55 días.
¿Qué pasa si no tratan el proyecto en el tiempo establecido?
Según Ron, podría haber tres consecuencias. La primera sería que la Corte Constitucional active un seguimiento de dictamen. “Es este procedimiento, a través el cual puede devenir la propia destitución de los asambleístas involucrados, más o menos lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)“, explicó el decano.
La segunda consecuencia sería que se inicie un juicio político. El problema para Ron es que esto se trata en la Asamblea Nacional, por lo que se debería hacer una segregación de los asambleístas que incumplieron con el tiempo y estarían en una causal de juicio político. Esto se realizará cuando se haya determinado las responsabilidades a los miembros de la comisión.
“Se hablaba de revocatoria de mandato, si se la puede activar, pero estos asambleístas pueden estar en un periodo que no es de un año. La revocatoria de mandato siempre se la activa después de un año de funciones. Se tendría que esperar que pase el año en funciones e iniciar el procedimiento de revocatoria de mandato”, finalizó Ron.