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El 13 de septiembre de 2025, Ecuador eliminó el subsidio al diésel, uno de los más costosos y polémicos del país. La medida pone fin a más de cinco décadas en las que el Estado destinó miles de millones de dólares para mantener a este combustible por debajo del precio internacional.
Tras la eliminación del subsidio al diésel, el derivado pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La decisión busca ordenar las finanzas públicas, en un contexto de déficit fiscal y menor producción petrolera, señaló el Gobierno de Daniel Noboa. Además, defendió la medida como un paso inevitable para reducir gastos y focalizar los recursos en programas sociales.
Los subsidios a los combustibles se implementaron en 1974 y el costo es millonario y no está contabilizado. Según datos disponibles del Banco Central del Ecuador, solo entre 2010 y 2023, el Estado gastó 53 922 millones de dólares en subsidios a combustibles.
De ese monto, 23 074 millones de dólares correspondieron al diésel. Solo en 2024, el subsidio al diésel costó 1 506 millones y, para 2025, se presupuestaban más de 1 194 millones de dólares.
Según el BCE estos recursos benefician de manera desproporcionada a sectores de mayores ingresos y fomentan el contrabando de combustibles hacia países vecinos y a la minería ilegal.
El diésel se subsidia desde la década de los 70, cuando la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara lo introdujo en pleno auge petrolero. Desde entonces, varios gobiernos intentaron reducir o eliminar este beneficio, pero enfrentaron protestas masivas e incluso se registraron personas fallecidas.
En 2019, Lenín Moreno (2017-2021) retiró el subsidio al diésel, que pasó de 1,03 a 2,27 por galón, esto desató un paro nacional con graves pérdidas económicas para el país. La medida duró menos de dos semanas y tuvo que ser desmontada.
Por su parte, Guillermo Lasso (2021-2023) implementó un sistema de bandas para desmontar los subsidios. En octubre de 2022 tuvo que congelar el precio del diésel a 1,80 por galón, tras la presión de transportistas e organizaciones indígenas.
Daniel Noboa (2025-2029) optó por la eliminación del subsidio al diésel de forma directa. Fijó el galón en 2,80 dólares hasta 11 de diciembre de 2025, a partir de allí se aplicará un mecanismo de estabilización de precios.
El fin del subsidio al diésel marca un punto de inflexión en la política económica de Ecuador. Representa un esfuerzo por reducir el déficit fiscal, focalizar la ayuda estatal, aunque a costa de tensiones sociales, que hasta este lunes 15 de septiembre el Gobierno de Daniel ha logrado contener.
Analistas económicos y expertos del sector coinciden en que la medida es acertada. Oswaldo Erazo, secretario de la Camddepe, señaló que los subsidios a los combustibles en Ecuador nunca cumplieron su objetivo de redistribuir ingresos. Estos se mantuvieron durante más de 50 años pero debían ser temporales y focalizados.
Aunque su eliminación no soluciona por completo el déficit fiscal, sí evita que siga creciendo cada año. Además, destacó que estos subsidios generaron distorsiones como contrabando en fronteras, ineficiencia energética, contaminación y mal uso de recursos, por lo que calificó la medida del Gobierno como valiente, aunque sorpresiva.
Asimismo, el analista económico Alberto Acosta Burneo señaló que los subsidios beneficiaron sobre todo a contrabandistas, redes criminales y a los sectores de mayores ingresos.
Explicó que ahora, con la medida de Noboa, el subsidio al diésel se focaliza en quienes realmente lo necesitan, mediante compensaciones directas para transportistas a fin de mantener estable la tarifa del transporte público. Además, recordó que la eliminación del subsidio a las gasolina gasolinas extra y ecopaís en 2024 apenas generó un alza transitoria en la inflación y no afectó la producción.
Oswaldo Landázuri, analista económico, sostiene que la eliminación del subsidio al diésel era inevitable. Durante 50 años no redujo la pobreza ni impulsó el crecimiento, dijo. Sin embargo, cuestiona que el Gobierno no preparara a la ciudadanía para el cambio.
Además, criticó que, pese a medidas fiscales implementadas por Noboa como el alza del IVA, nuevos impuestos y la eliminación de subsidios a las gasolinas, “la plata nunca alcance”.
Advierte que el aumento de precios en los productos de primera necesidad es inevitable por la dependencia del transporte con diésel y rechaza el discurso oficial que lo niega.
Concluye que, aunque el Gobierno tiene más capital político que sus antecesores, los problemas estructurales persisten, lo que convierte al país en un “polvorín” propenso a protestas si no hay beneficios tangibles.
Pablo Hidalgo-Romero, docente de la Business School de la UIDE, señala que la eliminación del subsidio al diésel supone un ahorro fiscal estimado de 1 100 millones de dólares anuales. Sin embargo, advierte que la medida traslada los costos a consumidores, agricultores y transportistas, lo que encarecerá el transporte y los alimentos, golpeando con mayor fuerza a los hogares pobres en un país donde la pobreza por ingresos aún alcanza al 24% y la pobreza estructural supera el 32%.
Para Hidalgo-Romero, más que eliminar subsidios de forma generalizada, el reto es diseñar mecanismos focalizados, que permitan sostener la recuperación económica y garantizar la cohesión social sin comprometer la sostenibilidad fiscal.