El Gobierno diseñó una estrategia que fortalecerá los ingresos fiscales enfocándose únicamente en los sectores menos afectados por la pandemia.
Según el ministro de Economía, Simón Cueva, si bien los ingresos de todos los ecuatorianos fueron afectados por la crisis, el 4% de la población más pudiente del Ecuador registró un impacto menor o pudo sortear mejor la crisis.
Además, el 96% de la población ecuatoriana gana menos de USD 1 000, según el funcionario, cifra con la cual ejemplificó las enormes brechas que existen en el país.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, también ha anticipado que quienes más recursos tienen deberán contribuir para pagar el costo de la pandemia y de la vacunación que, entre dosis y logística, suma más de USD 500 millones.
“Los que más tenemos vamos a tener que pagar (…). Es algo justo que aquellos que nos ha ido mejor en la vida y tenemos mejores ingresos tengamos que aportar más”.
El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, cree que un camino puede ser que las personas de más altos ingresos pierdan algunos beneficios o exenciones en educación o salud.
No obstante, el mecanismo y el monto de esa contribución aún no han sido detallados por parte del Gobierno, pero lo que se obtenga será parte de las metas de ingresos pactadas en el acuerdo técnico cerrado el 8 de septiembre del 2021 entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cueva informó que, en comparación con los planes acordados anteriormente con el multilateral, se espera que el esfuerzo fiscal para obtener más ingresos sea algo menor, porque han mejorado las perspectivas económicas.
Además, precisó que habrá un mayor esfuerzo en la reducción del gasto público. El Gobierno ha anticipado que reducirá unos USD 2 400 millones en egresos en el 2022, aunque Cueva dijo que no se tocará a las áreas que prestan servicios.
Además, se acordó establecer esfuerzos permanentes de combate a la evasión fiscal.
El acuerdo de financiamiento logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es nuevo, sino que supone una renegociación del programa que había negociado el expresidente Lenín Moreno y que tenía un plazo de 27 meses.
Por tanto, Lasso contará, por ahora, con el paraguas del Fondo por 13 meses.
El acuerdo inicial con el FMI preveía un monto equivalente a USD 6 500 millones. De ellos, se hizo un desembolso inicial de USD 4 000 millones.
Ahora, el Fondo continuará con la entrega del resto del dinero, que será de USD 1 500 millones en este año y USD 1000 millones más en el 2022. Los dineros irán a bonos sociales, plan de vacunación y plan hambre cero.
Según Ortiz, es positivo para la imagen del país que se busque cumplir lo pactado anteriormente y no se haya negociado de nuevo, pues solo en una ocasión el país ha podido cumplir con los acuerdos firmados con el Fondo.
“Es bueno cumplir lo que se pacta. El Fondo puede haber dicho: cumplan ese acuerdo, cumplan las condiciones, reciban la plata completa y después pueden solicitar recursos adicionales con compromisos adicionales”, señaló.
Para José Emilio Vásconez, catedrático, el corto plazo del acuerdo puede evidenciar que el FMI está guardando prudencia en cuanto al cumplimiento de metas que pueda conseguir el Gobierno, ya que no tiene mayoría legislativa para cumplir con reformas, que el multilateral solicita.
Entre ellas, están la tributaria y la laboral; y “por eso ha optado por centrarse en la reducción del gasto público”.
“Al FMI no le conviene un fracaso más en América Latina, por eso apoya este acuerdo que no es tan agresivo. Geopolíticamente, al Fondo le interesa tener cierto grado de éxito con esta negociación”, señaló.
Ceyda Oner, líder de la misión de negociación, señaló en un comunicado que el acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo en las próximas semanas y “condicionado a la implementación por parte de las autoridades de acciones previas y al cumplimiento de todas las políticas relevantes del multilateral”.
El presidente Guillermo Lasso dijo esta semana, que si no existe el apoyo de estas medidas en la Asamblea Nacional optará por una consulta popular.
“Si no hay la aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional iremos a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino que es la muerte cruzada”.
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