Enami incumplió metas y tuvo bajo rendimiento económico, dice Contraloría
Imagen referencial. La Contraloría emitió un informe sobre el desempeño de la estatal minera Enami. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La Empresa Nacional Minera (Enami) no cumplió con sus metas ni objetivos propuestos, lo que causó una baja en su rendimiento económico entre 2018 y 2020, reveló un informe de la Contraloría General del Estado conocido este viernes 12 de noviembre del 2021.
El organismo de control señala que los directivos de Enami no emitieron lineamientos ni políticas institucionales para las fases propias de la actividad minera, como son la explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas.
El documento sostiene que el directorio y los gerentes generales de la empresa pública no emitieron pautas para alcanzar los objetivos establecidos en la planificación estratégica, tampoco lograron la optimización del gasto ni elaboraron políticas de sostenimiento de las inversiones realizadas en la prospección y exploración de los proyectos mineros.
La Contraloría, en base al estudio de sus auditores, indica que Enami “se limitó a recibir ingresos por regalías, generados a través de los contratos de cesión y transferencia de derechos mineros”.
Con estos antecedentes, el informe de la Contraloría señala que la entidad “no cumplió su misión de gestionar la actividad minera y el Estado ecuatoriano no obtuvo beneficios económicos continuos de la industria extractiva”.
El expresidente Lenín Moreno, que gobernaba Ecuador durante el período estudiado, había señalado a la actividad minera como una “prioridad nacional”.
Enami, señala la Contraloría, no incrementó el financiamiento no fiscal externo para el desarrollo de actividades inherentes al giro de negocio, ni posicionó al sector minero como industria relevante de la economía nacional.
El rendimiento económico de la Enami fluctuó entre el 4 % y el 29% de las rentas totales, debido a que disminuyeron los ingresos y señala que los gastos corrientes fueron superiores a los de inversión, lo que imposibilitó que desarrolle actividades productivas.
Finalmente señala que el organismo realizó actividades en territorios de comunidades ancestrales, lo que impidió la generación de recursos económicos para el Estado y ocasionó una sentencia de reversión de las concesiones mineras y la reparación de daños ambientales.
En base al informe se pueden establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, que deben ser presentadas a la Justicia ecuatoriana.
