
Un total de 171 empresas de alto consumo energético deberán implementar sistemas de autogeneración para abastecer sus operaciones hasta diciembre de 2026. Esta medida, parte de una estrategia del Gobierno, busca reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado (SNI) ante el riesgo de un nuevo déficit eléctrico durante la época de estiaje.
La disposición afecta principalmente a industrias, cementeras, acereras y empresas mineras conectadas a redes de alto voltaje. El objetivo consiste en que estos grandes consumidores produzcan su propia energía y disminuyan la demanda sobre la red nacional. Esto fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante una eventual reducción en la generación hidroeléctrica.
La obligación surge del Decreto Ejecutivo 32, expedido en junio de 2025, que otorgó un plazo de 18 meses para que los grandes consumidores implementen sistemas de generación propia. Este plazo concluirá el 15 de diciembre de 2026. Según el Viceministerio de Electricidad, las empresas distribuidoras deben realizar un seguimiento mensual del avance de los proyectos y reportar el estado de cumplimiento.
Marcelo Cabrera, coordinador de la Maestría en Energías Renovables de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que esta disposición representa una oportunidad para mejorar la competitividad empresarial. Cabrera explica que las industrias podrán reducir su dependencia del SNI y garantizar la continuidad de sus operaciones. “Cuando exista una crisis energética, la medida ayudará porque la necesidad energética del sistema será menor”, señala.
A pesar de que instalar sistemas propios implica una inversión significativa, especialistas como Freddy Cevallos, analista económico, sostienen que no hacerlo puede resultar más costoso. Cevallos afirma: “Si mañana deja de llover y una empresa no tiene su propia generación, le va a resultar más caro porque no podrá fabricar”. Además, se destaca que incorporar fuentes renovables puede facilitar certificaciones internacionales relacionadas con sostenibilidad.
Cevallos también menciona que el Estado debería acompañar esta política con incentivos tributarios. Propone establecer deducciones fiscales para la adquisición de maquinaria y equipos destinados a la generación eléctrica, lo cual podría incentivar nuevas inversiones y mejorar la competitividad del sector productivo.
La decisión del Gobierno se produce mientras Ecuador se prepara para un nuevo período de estiaje, donde disminuye el caudal de los ríos que alimentan las principales centrales hidroeléctricas del país. Como publicó EL COMERCIO el 27 de marzo de 2026, el descenso del nivel del embalse de Mazar y la menor producción de Coca Codo Sinclair ya habían encendido alertas sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional.
A medida que avanza el plazo para cumplir con esta disposición, el seguimiento mensual permitirá determinar cuántas empresas lograrán operar con generación propia antes de diciembre. Además, se evaluará cuánto podrá reducirse la demanda eléctrica sobre el Sistema Nacional Interconectado durante el próximo estiaje.
Un total de 171 empresas de alto consumo energético.
La medida está dirigida principalmente a industrias, cementeras, acereras y empresas mineras conectadas a redes de alto voltaje. El objetivo es que produzcan parte o toda la energía que consumen para reducir la demanda sobre el Sistema Nacional Interconectado (SNI).
Hasta el 15 de diciembre de 2026.
El plazo fue establecido por el Decreto Ejecutivo 32, expedido en junio de 2025, que concedió 18 meses para implementar sistemas de generación propia. Durante ese período, las empresas distribuidoras realizan un seguimiento mensual del avance de cada proyecto.
Para reducir el riesgo de un déficit eléctrico durante el próximo estiaje.
La estrategia busca disminuir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado cuando baja la producción hidroeléctrica debido a la reducción del caudal de los ríos. Con más empresas generando su propia energía, el sistema nacional tendría mayor capacidad para responder a una eventual crisis energética.
Mayor continuidad operativa y menor dependencia de la red eléctrica nacional.
Especialistas señalan que contar con generación propia ayuda a mantener la producción durante eventuales restricciones eléctricas. Además, la incorporación de fuentes renovables puede facilitar certificaciones internacionales relacionadas con sostenibilidad y fortalecer la competitividad empresarial.
Deducciones tributarias para inversiones en equipos de generación eléctrica.
Analistas consideran que el Estado debería complementar la obligación con incentivos fiscales para la compra de maquinaria y tecnología destinada a la autogeneración. Esto podría estimular nuevas inversiones y facilitar el cumplimiento de la medida por parte del sector productivo.