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Compromisos con el FMI están sujetos a pugnas entre el Ejecutivo y la Asamblea

Los acuerdos alcanzados entre Ecuador y el FMI comprenden una serie de acciones que requieren reformas desde la Asamblea. Foto: Flickr / Asamblea Nacional

Los acuerdos alcanzados entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprenden una serie de acciones en el tema fiscal, tributario, monetario, entre otros, que requieren reformas estructurales que deben pasar por la Asamblea Nacional.

Esto puede convertirse en un obstáculo para el Ejecutivo, tomando en cuenta que metas como la promulgación de una reforma tributaria debe alcanzarse hasta fin de mes, y el Legislativo no ha dado paso a la Ley de Creación de Oportunidades, donde se plantean los cambios en esta materia y hasta el momento no hay apertura para el debate de esta propuesta.

A través de la reforma tributaria el Gobierno busca ingresos por USD 1 000 millones, con medidas como reducción de las exenciones tributarias para el pago del Impuesto a la Renta (IR), contribuciones únicas al patrimonio para personas de mayores ingresos, entre otras.

Para el economista Fausto Ortiz, la Asamblea va a aprobar “lo que es políticamente aceptable y va a dejar por fuera lo que sea políticamente perjudicial para sus bases lectorales. No va a ser necesariamente un tema técnico”, afirmó.

La pugna entre poderes también influirá en el tratamiento de otras reformas. El Gobierno se comprometió con el FMI a impulsar una normativa para fortalecer la legislación antilavado y financiamiento de actividades terroristas; también está prevista una ley para prevenir y gestionar los conflictos de interés de altos funcionarios públicos y evitar el enriquecimiento ilícito. Esta norma debe aprobarse hasta agosto del 2022.

Otro de los compromisos del acuerdo es bajar en USD 3 500 millones el gasto público. Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, señala que la economía del país requiere de una reducción de gastos, sobre todo, en el pago de sueldos a empleados públicos “Más de 9 000 millones en el Gobierno central y 11 000 millones en todo el sector público”, dijo.

Para Hanss Soledispa, director de Exponencial Research, las metas de ahorro público son más factibles de cumplir ya que son cambios administrativos que dependen únicamente del Ejecutivo.

Sin embargo, el especialista considera que el cumplimiento de los compromisos “tienen un costo político”; por ejemplo, en la focalización de subsidios al combustible, que es un tema sensible.