La demanda de los ex trabajadores de Cervecería Nacional (CN) contra esa empresa volverá a la Corte Constitucional (CC). El pasado 19 de octubre, los conjueces de la Tercera Sala Penal del Guayas decidieron enviar el expediente a ese órgano para que resuelva qué pesa más: un fallo anterior a favor de los demandantes o tres medidas cautelares que impiden el pago de los USD 90 millones a los demandantes.´
Sin embargo, ese organismo ya ha revisado el caso. A inicios de este año, el expediente llegó a esa instancia por un pedido de CN, sin que antes la Sala provincial tomara una decisión. Luego de estudiar el proceso resolvieron a favor de la empresa.
Pero el 3 de febrero quedó insubsistente ese fallo y el caso regresó a la Corte de Justicia del Guayas. El retorno se dio en el marco de una denuncia por supuestas “ventas de fallos” al interior de la CC.
Esta vez, los conjueces Stevie Gamboa, Julio Ruiz y Vicente Salazar, enviaron el caso a Quito porque la CC posee la competencia “para dirimir sobre la vigencia de las medidas cautelares y la facultad del juzgador de primera instancia de ejecutar la sentencia”.
Así la Sala aceptó de manera parcial el recurso de apelación interpuesto por Arturo Cervantes, procurador de los ex trabajadores de Cervecería. Ese pedido buscaba levantar las medidas cautelares que impiden se ejecutoríe el pago; pero eso no sucedió.
El 4 de marzo pasado, una III Sala compuesta por Roberth Guevara, Camilo Intriago y Héctor Cabezas, falló a favor de los ex trabajadores. Por esta decisión, los magistrados enfrentaron una indagación previa por presunto prevaricato. En cambio, los conjueces actuales optaron por dejar la decisión en manos de la CC.
En un boletín de prensa, los ex trabajadores mostraron su desagrado con la decisión de la Sala. Consideran que el fallo dictado “es nulo porque vulnera el principio universal de la irrevocabilidad de lo ejecutoriado”. Además argumentan que cuando el proceso regresó a Guayaquil, la CC decidió que el juzgado de origen continuara con el trámite.
En el comunicado, los demandantes expresan que solicitaron se anule la última decisión de la III Sala. Y sostienen que si no se la invalida solicitarán comience una indagación previa contra los conjueces Gamboa, Ruiz y Salazar.