Colombia entró en la recta final de las elecciones presidenciales del 25 de mayo en medio de un ambiente caldeado por acusaciones de “guerra sucia” entre el presidente Juan Manuel Santos, que busca ser reelegido, y su antecesor, Álvaro Uribe, el principal jefe de la oposición.
La rivalidad entre ambos personajes completa casi cuatro años y ha crecido a niveles insospechados en los últimos días durante la campaña electoral con un tema que marca diferencias fundamentales entre dos visiones políticas: la paz.
Santos, un centroderechista obsesionado con acabar con el conflicto armado que azota a su país desde hace cinco décadas, entabló en 2012 negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, lo que terminó por completo su vieja amistad con Uribe, principal referente de una derecha radical que solo considera la vía militar.
El Jefe de Estado, que incluso cataloga a sectores del “uribismo” como neofascistas, asegura que los colombianos deben escoger en las elecciones “entre la guerra y la paz”, en alusión a sus propuestas y las de Óscar Iván Zuluaga, candidato del partido Centro Democrático de Álvaro Uribe.
La controversia subió de tono a comienzos de la anterior semana, cuando la Fiscalía General de Colombia reveló que había descubierto un complot para hacer fracasar el proceso de paz por parte de una red de espionaje que logró penetrar cuentas de correo electrónico estrechamente vinculadas a las negociaciones.
El presunto autor de las interceptaciones, Andrés Sepúlveda, resultó ser un miembro del equipo de redes sociales de la campaña de Zuluaga, lo que de inmediato dio argumentos a la coalición de Gobierno Unidad Nacional para lanzar acusaciones contra los “uribistas”.
El escándalo le costó el puesto al coordinador de la campaña de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, tras revelarse que el mes pasado visitó junto con el hacker un canal de televisión en busca de que se publicara información que comprometía a la campaña de Santos con un supuesto apoyo de las FARC para su reelección.
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En medio de pedidos de renuncia a Zuluaga y de solicitudes para que la Fiscalía lo investigue por la actuación del hacker, que está detenido, Uribe salió en defensa de su candidato y acusó a Santos de haber recibido dinero de narcotraficantes en la campaña electoral de 2010. Según el exmandatario, dos millones de dólares fueron entregados a la campaña “santista” por el publicista venezolano Juan José Rendón, a quien acusó de recibir en total 12 millones de dólares para impulsar ante el Gobierno un acuerdo de los mafiosos con la Justicia, que al final no se cristalizó.
Pero la denuncia tuvo un “efecto boomerang”, pues varios políticos le recordaron que en 2010 Santos aún era considerado como el “delfín” de Uribe. El expresidente fue el principal promotor de la anterior campaña de Santos, a quien luego calificó de “traidor” por distanciarse de la derecha radical.
Así, la denuncia del exmandatario, que pudo haber sido hecha hace mucho tiempo pero se conoció pocos días antes de las elecciones, es considerada por los directivos de la campaña para la reelección de Santos como una “venganza” por el descubrimiento del espionaje.
El caso pasó a los estrados judiciales con una demanda contra Uribe. De acuerdo con todas las encuestas de las últimas semanas, lo más probable es que ninguno de los candidatos gane la presidencia el domingo 25 de mayo, por lo que será necesaria una segunda vuelta, prevista para el 15 de junio, que enfrentaría a Santos con Óscar Zuluaga o con el abanderado de la independiente Alianza Verde, Enrique Peñalosa.
Peñalosa aprovechó la situación y cambió con rapidez su estrategia publicitaria para mostrarse como un candidato ajeno a los ataques verbales y que considera que las habituales peleas entre Santos y Uribe no le hacen bien al país.
“Ya llevamos cuatro años de pelea. En este país donde queremos hacer la paz, pero donde tenemos tantos conflictos, donde las pandillas se enfrentan en los barrios, donde hay barras bravas de fútbol, los líderes debemos dar ejemplo”, dijo el exalcalde de Bogotá.
En contexto
Mientras Santos y Zuluaga intentan capotear las denuncias, la prensa y analistas se lamentan que estos casos impidan que salgan a debate temas como el empleo, el deficiente sistema de salud y la crisis en el agro, con varios sectores en huelga para exigir atención.