La Defensoría del Pueblo de Perú ha anunciado que pondrá en marcha una investigación a la Marina de Guerra del país por no alertar sobre el fuerte oleaje en las costas del país tras la erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, en Tonga.
Así, la Defensoría ha trasladado su malestar ante la actuación del ente, encargado de la defensa marítima de Perú, tras el fallecimiento de dos personas por el fuerte oleaje y el derrame de petróleo en la playa Bahía Blanca durante el proceso de descarga del buque Mare Dorium a la refinería La Pampilla.
“Ante una presunta falta de debida diligencia en la adopción de medidas para salvaguardar la vida e integridad física de las personas, así como su patrimonio, luego de la erupción volcánica Nukualofa-Tonga, abrimos una investigación de oficio a la Marina de Guerra de Perú”, ha trasladado la Defensoría del Pueblo.
Por tanto, ha recriminado a la Marina la no emisión de “alertas claras, oportunas y simultáneas” una vez evaluado el estado del mar y el comportamiento de las aguas del océano, y ha apuntado que la Marina debería haber adoptado “medidas idóneas de prevención y precaución para seguridad de la población”.
El ente público ha lamentado la muerte de dos personas por ahogamiento en la playa de Naylamp, en la localidad de Chiclayo, tras ser alcanzadas por fuertes olas este sábado, así como el “prejuicio ambiental a causa del derrame de petróleo en Ventanilla”.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mirtha Vásquez, ha recriminado que las alertas de la Marina de Guerra no llegasen “a tiempo” y que la reacción ante las circunstancias fue “desordenada y tardía”, recoge el diario peruano El Comercio.
“Ayer se dio esta situación ambienta que produjo la alerta de tsunami, en otros países se dio esa alerta, en nuestro país hubo alerta pero solo de oleaje anómalo. Queremos revisar por qué ese mensaje no llegó a tiempo, queremos revisar por qué en nuestro (país) no se dio y sí en Chile y Ecuador”, ha apuntado Vásquez.
La Jefa del Consejo de Ministros ha instado a la Marina a que entregue información relativa al proceso de emisión de la alerta y ha añadido que “de ser necesario” iniciará una investigación que, “si lo amerita” podría acabar con sanciones.