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Casos de violación a la libertad de expresión se redujeron un 15% en Venezuela

La libertad de expresión en Venezuela se redujo un 15% comparado al 2021. Foto: Pixabay

En Venezuela se registraron 128 casos de violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de este año, un 15% menos con relación al mismo periodo de 2021, informó este miércoles la ONG Espacio Público.

"El registro de casos alcanzó su punto más alto en enero (24) y posteriormente descendió hasta abril (8), cuando inició un aumento progresivo que se ha mantenido en los últimos cuatro meses", señaló la ONG en un informe publicado en su página web.

Espacio Público afirmó que, a pesar de esta reducción en el número de casos, las limitaciones para buscar, recibir y difundir información continúan "como parte de un patrón estructural".

Añadió que la principal violación documentada fue la censura, con 89 registros (39%), que contempla fallas generales del servicio de internet y cierres de medios de comunicación.

Espacio Público registró el cierre de al menos 11 emisoras de radio en los estados Portuguesa, Anzoátegui, Guárico y Barinas.

La ONG reportó 50 interrupciones generales al servicio de internet, "lo cual supone un incremento del 284% con relación al número registrado en el mismo periodo de 2021".

Por otra parte, documentó 58 intimidaciones (25%) vinculadas al impedimento a la labor de periodistas y reporteros gráficos en coberturas.

"Este tipo de situaciones se dieron regularmente en las inmediaciones de instituciones públicas o durante protestas sociales y tuvieron como principal victimario a los cuerpos de seguridad", apostilló.

Los periodistas fueron el mayor número de víctimas (34%) en ese periodo, seguido de la ciudadanía en general (32%), y en tercer lugar se ubicaron los medios de comunicación (20%).

Entre enero y agosto, de acuerdo a la ONG, se registraron 14 "detenciones arbitrarias" por ejercer el derecho a la libertad de expresión, lo que representa una disminución del 44% con respecto al mismo periodo del año pasado.

El principal victimario fueron las instituciones del Estado (46%), seguido de los cuerpos de seguridad (19%) y funcionarios en el tercer lugar (18%). 


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