La estación de La Y del Trole ocupará parte de las instalaciones del Metro, en El Labrador. Foto: Archivo Patricio Terán / El Comercio
Las obligaciones (créditos y titularizaciones) que asumirá el Municipio de Quito para construir el Metro demandarán aproximadamente USD 195 millones en intereses, según cálculos hechos por expertos.
Este monto se sumará a los 1 190,9 millones que invertirá el Cabildo en este proyecto. El resto, 750 millones, será cubierto por el Gobierno Central.
En promedio, sin incluir obras complementarias, el Municipio terminaría pagando USD 1 385,9 millones por el Metro. Los pagos de los créditos se harán hasta en 30 años plazo. Las tasas de intereses van del 1% al 6,5%, según información de la Empresa Pública Metro de Quito.
La entrega de recursos económicos por parte de organismos multilaterales tiene un costo, como en cualquier compra de un bien financiado, sostuvo Mario Villagómez, docente de economía del transporte de la Universidad Católica.
“La ciudad tendrá un problema importante para hacer otras obras. La mayor parte del presupuesto estará comprometido para pagar el Metro. Generalmente, estos proyectos tienen sobrecostos que bordean el 50% del precio inicial”, sostuvo el catedrático.
Otra visión tiene Marco Ponce, concejal de SUMA-Vive y presidente de la Comisión de Presupuesto del Municipio. “Las tasas de los créditos son manejables. No habrá incidencia en las finanzas municipales ni se generarán más impuestos para pagar esta obra”, precisó.
Los intereses de los créditos para el Metro regirán desde la fecha cuando se haga efectivo el primer desembolso. Los recursos económicos para pagar estos préstamos provendrán del presupuesto municipal: recaudación de impuestos, asignaciones del Estado, ventas de bienes improductivos.
La deuda del Metro no se cubrirá con los ingresos de este sistema de transporte masivo, precisó Ponce. Los recursos económicos que se perciban durante la operación del Metro serán destinados para el mantenimiento y mejoras de este servicio. La tarifa que pagarán los usuarios para movilizarse en este medio de transporte será de USD 0,45.
La aceptación de una deuda de esta magnitud para construir el Metro obliga a que la administración municipal sea “más disciplinada” y busque mecanismos para optimizar sus ingresos, mencionó Jorge Albán, concejal de Alianza País. Él planteó que se debe mejorar el sistema de recaudación de tributos y optimizar los ingresos por algunos servicios que presta el Cabildo.
Además, sugirió que se renegocie el costo actual de este proyecto con el consorcio Odebrecht-Acciona, antes de firmar el contrato.
En la obra civil (túnel de 22 kilómetros y 13 paradas) se pueden realizar mejoras técnicas, que representan alrededor de USD 120 millones. Los costos indirectos planteados por el oferente, que alcanzan los 540 millones, podrían también ser revisados. “Estos, en los términos de referencia, eran de 220 millones”, agregó Albán.
La inversión que se hará en este proyecto será subsidiada por el Municipio de Quito y el Gobierno Nacional. Sin embargo, Villagómez consideró que esto sí tiene un costo que debe ser analizado. Los USD 1 940,9 millones que se asignarán para el Metro de Quito se podrían destinar a otras obras: vías, escuelas, hospitales…
Los costos que se manejan actualmente para este proyecto están dentro de las capacidades financieras del Municipio de Quito, según la resolución que tomó el Comité de Deuda, el viernes pasado (21 de agosto).
Luego de este trámite, en esta semana está previsto que la Comisión de Presupuesto del Municipio analice los informes, emitidos por el Comité de Deuda, para tratar este tema en el Concejo Metropolitano. Ahí, los 21 ediles y el Alcalde Mauricio Rodas, en un solo debate, deberán aprobar o no, la obtención del crédito adicional para construir el Metro.
Actualmente, los ingresos regulares del Municipio ascienden a USD 689,4 millones. En función de esto su capacidad de endeudamiento es de alrededor de 1 378,8 millones (el 200%). Esta cifra varía según los ingresos de cada año.
Ponce y Albán explicaron que la adquisición de esta deuda no imposibilitará a las futuras administraciones para hacer nuevas obras, aunque no se cuenta con garantías de que este proyecto se encarezca.