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¿Cómo impactará la nueva Ley de Finanzas en el gasto público?

Imagen referencial. En el proyecto original el Ejecutivo también propuso otorgar esas facultades de Finanzas sobre las instituciones de la seguridad social. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. En el proyecto original el Ejecutivo también propuso otorgar esas facultades de Finanzas sobre las instituciones de la seguridad social. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. En el proyecto original el Ejecutivo también propuso otorgar esas facultades de Finanzas sobre las instituciones de la seguridad social. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Con 72 votos a favor de 137 asambleístas presentes, el Legislativo aprobó hoy, 16 de mayo del 2020, la Ley económica urgente para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

La Ley es parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para mejorar el manejo y control del gasto de los recursos fiscales, por lo que, según el Gobierno, la aprobación era necesaria para permitir seguir accediendo a recursos de los organismos multilaterales.

Los asambleístas realizaron ajustes a la propuesta inicial enviada por Ejecutivo, que tiene 10 días para pronunciarse sobre el texto.

Estos son los siete puntos claves para entender el alcance de la norma y cómo impactará en la economía del país:

1. Techos al incremento del gasto público de las instituciones

El proyecto otorga más facultades al Ministerio de Finanzas para el control del gasto presupuestario, a través de la fijación de techos; es decir, límites de egresos a las entidades, los cuales no podrán ser superados.
Además, amplia esa capacidad a más entidades del sector público, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas. Actualmente, el Ejecutivo solo tiene capacidades sobre las instituciones que son parte del presupuesto general del estado como ministerios, agencias de control, secretarías, etc.

En el proyecto original el Ejecutivo también propuso otorgar esas facultades de Finanzas sobre las instituciones de la seguridad social. Precisamente en este punto existieron desacuerdos entre los asambleístas, lo cual mantuvo estancado el proyecto por cinco días. Los asambleístas que estaban en contra argumentaron que estaría en riesgo la autonomía de la seguridad social.

Para ajustar el tema, la Comisión de Régimen Económico planteó ayer, además de no incluir a la seguridad social dentro del sector público no financiero con el fin de blindar su autonomía, garantizar el aporte de Finanzas al pago de pensiones.

2. Un seguro para afrontar la volatilidad del precio del petróleo

La caída de los precios del petróleo en el marco de la pandemia del covid-19 afecta a todos los países cuyos ingresos dependen en buena parte de esta materia prima, como en el caso de Ecuador. El comportamiento del precio del crudo no es predecible y, como ocurrió en abril, el barril WTI puede caer incluso a valores de cero dólares. El proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas propone que el país cuente con un seguro para estas eventualidades en el sector petrolero y así asegurar que se reciba un precio establecido, aún cuando el crudo se desplome.

3. Incremento al gasto presupuestario se reduce

Actualmente, la Proforma presupuestaria del Estado se presenta en octubre de cada año al Legislativo y se aprueba en noviembre, para entrar en vigencia en enero del siguiente año. Pero conforme transcurren los meses, los ingresos y gastos que se plantean se suelen modificar. Esos ajustes tienen un tope máximo y, por ahora, el Presupuesto del Estado puede aumentar hasta un 15%. Pero el proyecto plantea que el margen de cambios permitido sea menor y llegue máximo al 5%.

Con esto se busca mantener más control sobre los gastos y evitar que las finanzas del país se desequilibren más.

4. Fondos de ahorro se crean

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que uno de los países de la región que mejor está respondiendo a los efectos del covid-19 es Perú; pues es un país que cuenta con reservas de contigencia que equivalen al 0,5% de su PIB. Ecuador, en cambio, no tiene ahorros y, en lugar de ello, está esperando créditos de emergencia de entes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la crisis.

De ahí que el proyecto propone la creación de un fondo para “contingencias fiscales”, que el Ministerio de Finanzas deberá incluir en el Presupuesto General del Estado (PGE).

La propuesta es crear una asignación equivalente al 3% del gasto total del Presupuesto. Este fondo de ahorro permitiría al Gobierno responder cuando los ingresos sean menores a los estimados o cuando algún gasto se incremente sin haberlo previsto y, por ende, el déficit o brecha fiscal corra el riesgo de elevarse.

También se propone la creación de un fondo de estabilización, que se nutriría de los ingresos provenientes de explotación de recursos, cuando estos superen lo contemplado en el Presupuesto.

Los recursos servirán para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para asignaciones al sector de educación y salud.

5. Límites al endeudamiento

La deuda pública del país equivale al 52, 9 %del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente, la Ley dice que la deuda del país no debe ser superior al 40%, pero el Gobierno emprendió un plan para poner en orden las cuentas del país y mientras lo hace, la Ley permite que la deuda esté por encima de ese 40%. El proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas plantea que el límite de deuda pueda ser modificado cada cinco años hasta un techo máximo del 45% del PIB. Este límite deberá regresar a los límites iniciales del 40% del PIB durante los próximos tres años. Es clave que el Estado ordene su endeudamiento, porque solo así, podrá acceder a nuevos préstamos con mejores condiciones; es decir, con plazos más largos y tasas más bajas.