El ministro de Defensa, Luis Lara, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, comparecieron por alrededor de cuatro horas ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, este miércoles 22 de junio.
En esta instancia, las autoridades presentaron informes sobre sus actuaciones en las protestas y el caso de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien fue detenido por menos de 24 horas el 15 de junio y enfrenta un proceso por paralización de servicio público.
Murillo debió responder sobre el desempeño en la carrera judicial de la jueza Paola Bedón, quien calificó la flagrancia a la detención de Iza. Gruber Zambrano, asambleísta del oficialismo, catalogó a este procedimiento como una “intromisión” en la justicia por parte de la comisión controlada por Pachakutik y Unes.
Mireya Pazmiño (PK) invocó a un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y adujo que la justicia debe abstenerse de procesar por paralización de servicios públicos.
El ministro Lara remarcó que el Ejército no detuvo a Iza, ni tampoco intervino en el operativo. Señaló que su misión es complementaria a la Policía en el control de armas y municiones, sin necesidad de que exista un decreto de estado de excepción. Dijo que tampoco se empleó un vehículo militar para la detención de Iza.
Cuestionamientos
También estuvo convocado el ministro del Interior, Patricio Carrillo, pero no acudió después de que su intervención fue suspendida el lunes pasado. En su lugar el Comandante de la Policía enfrentó críticas de los asambleístas de Pachakutik y de Unes por el manejo de las protestas.
“¿Por qué no actuó la Policía contra quieres dispararon a una manifestación en Tumbaco?”, increpó Mario Ruiz (PK). Fernanda Astudillo (Unes) habló de incumplimiento de estándares internacionales sobre el derecho a la protesta.
Paola Cabezas (Unes) demandó que se presenten pruebas de que los líderes del correísmo están detrás de la violencia en las protestas y desestabilizar al Gobierno. “Es un delito de odio”, afirmó.
El Comandante de la Policía aseguró que los uniformados han actuado con prudencia en estas protestas, que no disponen de armas de fuego sino de gas lacrimógeno para mantener el orden. A su vez, pidió a los legisladores que contribuyan a abrir canales de diálogo y a bajar las tensiones, después de los incidentes ocurridos en Puyo, a los que comparó con una guerra.
Por parte de los asambleístas de Unes y Pachakutik hubo amenazas de juicio político en contra del Ministro del Interior. También criticaron al director del centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, por no haber acudido por dos ocasiones a las convocatorias de la comisión.