La Asamblea y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) apuestan por otras instancias como Naciones Unidas, la Iglesia y universidades, en busca de generar un espacio de diálogo entre el Gobierno y la CONAIE.
A nivel del Parlamento, el presidente de esta Función, Virgilio Saquicela, y los jefes de las bancadas legislativas mantuvieron este martes 21 de junio una reunión telemática con representantes de Naciones Unidas, Unión Europea, Cruz Roja, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, gremios y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo fue generar una mesa de diálogo para proponer mecanismos de solución a la crisis. En la víspera, con 81 votos, en su mayoría de la oposición legislativa, el Pleno aprobó una resolución donde se catalogó de “errática” a la gestión de las protestas por parte del Gobierno.
Saquicela informó que en la reunión se confirmó que ONU, Fundación Esquel y otras 300 organizaciones trabajan en una metodología para el diálogo, al que se suma la Asamblea Nacional.
El legislador planteó considerar al parlamento como una sede para el diálogo, algo que, según dijo, tiene que ser inmediato entre el Gobierno Nacional, el Presidente de la Conaie y los dirigentes de los movimientos sociales.
Corredores para abastecimiento
Por su lado, en un comunicado, el presidente de la AME, Franklin Galarza, hizo un llamado “para que las movilizaciones se desarrollen en un marco de paz, respeto a la propiedad público/privada, y al orden jurídico y democrática”.
Además, anunció la implementación de corredores humanitarios para garantizar el normal abastecimiento de alimentos, combustibles, insumos médicos y libre movilidad para los vehículos de atención de salud en los diferentes cantones del país”.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, solicitó a las autoridades y líderes de la movilización indígena que abran un ‘Corredor Humanitario’ de 05:00 a 22:00 que permita el abastecimiento de alimentos y medicinas en la capital, y la operación de organismos como la Cruz Roja.
El Alcalde alertó que “la prestación de servicios públicos para más de tres millones de habitantes corre peligro de paralizarse”.