El presidente Daniel Noboa invocó una causal constitucional para el nuevo estado de excepción en siete provincias de Ecuador. Se trata del conflicto armado interno.
Según el decreto presidencial, del 22 de mayo de 2024, los informes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas dan cuenta de la pertinencia y necesidad de adoptar medidas excepcionales.
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El decreto requiere evaluación
El Gobierno anunció que el decreto irá a la Corte Constitucional para la evaluación y decisión correspondiente. La institución tiene 30 días para contestar a la notificación del documento.
Eso en vista de que la Constitución establece un tope de dos ocasiones en el uso de este recurso. Sin embargo, la institución deberá analizar los argumentos y dar un dictamen.
La Corte Constitucional puede negar el estado de excepción
Xavier Andrade, docente de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito, apunta que la Corte Constitucional podría negar el decreto de estado de excepción o solicitar modificaciones.
Para él, el primero es el escenario más probable, ya que otras instancias, como estamentos judiciales, deberían definir la calificación de conflicto armado interno.
A su vez, Andrade recuerda que no hay que perder de vista que el estado de excepción restringe derechos.
De hecho, este 22 de mayo de 2024, la organización Human Rights Watch se pronunció sobre la declaratoria, que, en principio, se dio el 9 de enero de 2024.
El pronunciamiento internacional
La organización Human Rights Watch (HRW) envió, este 22 de mayo de 2024, una carta al presidente Daniel Noboa, para advertir que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno carece de sustento y ha contribuido a “serias violaciones de derechos humanos” por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
El primer estado de excepción fue declarado el 8 de enero y el 30 de abril, Daniel Noboa firmó el segundo por persistencia del conflicto armado interno.
El decreto de Daniel Noboa y otros detalles
El presidente Daniel Noboa sustentó el decreto de estado de excepción en que la Policía Nacional, en las provincias incluidas, registró 1 920 muertes violentas, que representan cerca del 87% del total a escala nacional.
Homicidios intencionales, incautación de sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización, porte y tenencia de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y secuestros. Estos son algunos de los hechos que reporta el Mandatario en el documento.
También afirma que los grupos de delincuencia organizada transnacional han centrado sus operaciones en esas siete provincias y el cantón.
El 13% de los homicidios intencionales (245), entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2024, corresponde a delitos múltiples y se asegura que es una caracterización que no se daba anteriormente.
¿En qué consiste este nuevo estado de excepción?
En las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana, y en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas no requerirán autorización para ingresar a un domicilio. Lo propio para interceptar correspondencia en estos sitios.
El decreto también establece que, al concluirse el estado de excepción, se compilará, sintetizará y presentará un informe ante el Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
La Policía Nacional y Fuerzas Armadas, semanalmente, reportarán a sus respectivas carteras de Estado.