El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) decidió respaldar un nuevo estado de excepción en Ecuador.
El anuncio lo hizo Diana Jácome, como asesora de la Presidencia, este miércoles, 22 de mayo de 2024, luego de una reunión de personeros del organismo de seguridad, en el Palacio de Carondelet, en el Centro de Quito.
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Diana Jácome informó que el decreto va para varias provincias de Ecuador y, en algunas, de forma focalizada. El decreto correspondiente y será entregado a la Corte Constitucional, para que emita el dictamen que corresponde.
Las provincias involucradas en el estado de excepción
En un video, colgado en la red social X, el presidente Daniel Noboa anunció que el estado de excepción será focalizado en siete provincias.
Se trata de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana, así como en el cantón Ponce Enríquez de Azuay.
El Gobierno indicó que identificaron que grupos narcoterroristas se han “atrincherado y concentrado sus acciones criminales”, principalmente, en esas zonas. Se indicó que se trata de la Fase 2, en la lucha contra la inseguridad.
Los argumentos del Cosepe
La decisión del Cosepe se sostiene en la inseguridad que vive Ecuador y es necesario tomar acciones. “La seguridad del país es primordial para este Gobierno”, dijo Diana Jácome.
Ella también agregó que hay políticos que buscan atacar al presidente Daniel Noboa.
En ese contexto, aludió a que tienen conocimiento de una denuncia presentada en el Tribunal Contencioso Electoral, por parte de, supuestamente, la pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República, quien renunció hace pocas horas.
Estados de excepción
El 30 de abril de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador. Ese fue el segundo, como parte del denominado conflicto armado interno declarado en el país en enero.
La disposición fue para El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. El decreto anterior al de abril estuvo en vigencia hasta el 8 de enero.
El estado de excepción posibilita que militares y policías desarrollen operaciones y controles contra la inseguridad y grupos delictivos.