Dos estafadores fueron condenados a diez años de cárcel en Cuenca por ofrecer empleos falsos en Estados Unidos (EE.UU.), este miércoles 12 de marzo de 2025.
La estafa, que también incurrió en el delito de tráfico ilícito de migrantes, se dio entre 2019 y 2022, en Cuenca.
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Las víctimas de los estafadores en Cuenca
Los dos condenados, identificados como Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., crearon las empresas American Resident y AR Agencia de Reubicación para engañar a personas interesadas en obtener visados de trabajo para Estados Unidos.
En esta estafa cayeron al menos 91 personas y con la que lograron ganar más de 1,2 millones de dólares, según informó este miércoles la Fiscalía.
“A través de redes sociales y de publicidad en televisión, captaban a las víctimas y las citaban en sus oficinas en Cuenca, donde ofrecían empleo con sueldos de 12 a 50 dólares por hora, a cambio de pagos que oscilaban entre 12 000 y 20 000 dólares”, añadió la Fiscalía.
Los afectados debían pagar inicialmente hasta el 50 % de esas cantidades por supuestos cursos de capacitación en áreas como fileteado de pescado, cosmetología, albañilería, entre otras, que serían en las que supuestamente iban a laborar.
También les exigían exámenes médicos, previos al supuesto viaje que iban a hacer, de modo que con estos requisitos aparentaban legalidad en sus actuaciones.
Cuando las víctimas exigían avances en sus trámites, eran llamadas a firmar contratos de trabajo falsos a cambio de pagar otro porcentaje del dinero exigido.
Algunos afectados fueron incluso enviados a entrevistas en el Consulado de Estados Unidos en Quito sin la documentación adecuada.
Esto resultó en el rechazo de sus visados de trabajo.
A otros se les aseguró que sus visas les llegarían directamente en un sobre y se les indicaba que no podían abrirlo hasta estar en el aeropuerto.
Daniel Alfonso M., condenado a siete años de cárcel como colaborador de la organización, cumplía el rol de capacitador y otorgaba certificados falsos de trabajo a los perjudicados.
Además, hacían los eventos de clausura de los cursos en su restaurante así como las despedidas de las víctimas que aparentemente estaban listas para viajar.
En fallo de segunda instancia, la Corte de Justicia de Azuay también ordenó a Gladys Irene Ch. y a Ignacio Benjamín V. pagar una indemnización de cerca de 145 000 dólares.
Esto, a favor de nueve víctimas que testificaron durante el juicio, además de la extinción de las empresas involucradas.
Condenados enfrentan otras investigaciones
Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V. enfrentan otras 49 investigaciones previas en la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano de Cuenca.
Además, de tres procesos cerrados en instrucción fiscal y otro en el que ya fueron llamados a juicio.
La mujer ya cuenta con dos condenas previas por estafa de siete y cinco años de prisión, respectivamente.
En este caso, hay una tercera persona acusada de formar parte de la organización delictiva, identificada como Magdalena U., cuyo proceso penal ha quedado suspendido ya que se encuentra prófuga de la Justicia ecuatoriana.
