Epmaps registra 600 multas por conexiones ilegales de agua en 2022

En Chillogallo son incon­tables los inmuebles que presentan alguna de las ilegalidades relacionadas con la conexión de agua po­table. Foto: Patricio Terán /EL COMERCIO

Casi dos años han pasado desde que Marisol Cumba, de 47 años, construyó su casa en San Antonio de Pichincha y conectó el agua directamente de una línea central hasta su casa, para tener el líquido vital para la subsistencia de su madre y sus dos hijas.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) nunca le conectó el medidor, porque la construcción de bloque (que cuenta con tres habitaciones) no está en un barrio legalizado. Marisol prefiere no decir el nombre de su barrio por temor a que las autoridades visiten el lugar y suspendan la conexión, pero vive en una polvorienta calle, a unos 10 minutos de Rumicucho, junto a unos 80 vecinos, quienes están en situaciones similares.

“Si no estamos donde quieren entonces no tenemos derecho al agua”, se quejó, y calificó a la medida de injusta y absurda. Marisol considera que la conexión no es clandestina. Dice que es la manera que encontró de tener el servicio.

Las conexiones son subterráneas. La Epmaps no puede identificarlas todas. Uno que otro morador tiene el medidor, pero Marisol no se explica cómo lo consiguieron.

David Flor, jefe de la Unidad de Control de Consumos de la Epmaps, explicó que cualquier conexión realizada por personal ajeno a la empresa es considerada ilegal y puede acarrear sanciones.

La multa por una conexión clandestina es de USD 267,21, para la medida estándar y, equivale a la mitad del valor de conexión más el consumo de 25 metros cúbicos multiplicado por seis meses y una tasa de alcantarillado.

Según el funcionario, no es difícil acceder a un medidor nuevo y una instalación legal. El trámite tarda entre 30 y 45 días desde que ingresa la documentación. Pero un requisito es que el barrio esté legalizado y registrado en el Municipio. Sin embargo, señaló que hay que analizar cada caso.

Los controles

Flor explicó que la empresa realiza controles de campo durante el año. Solo en 2021 fueron más de 20 000 infracciones; en el primer trimestre de este año, 600. El número de irregularidades va en aumento. En 2019, la empresa encontró 1 918. En 2020, si bien disminuyeron por al confinamiento a 1 041, para 2021, fueron 3 020.

Según los equipos de la empresa, la mayor incidencia ocurre en los polos de la ciudad, como Calderón, Carapungo y El Troje, y donde hay nuevos asentamientos.

El funcionario detalló que cuando los trabajos son hechos por personal no capacitado generan problemas estructurales, como daños a tuberías y contaminación del suministro, cuya reparación debe asumir la empresa municipal.

Matilde Albán es comerciante y madre de dos niños. Ella asegura que el trámite para tener un medidor es engorroso: hace casi un año solicitó el servicio y nunca tuvo respuesta. “Para construir es necesario tener el agua potable pero no nos dieron y el maestro mismo tuvo que conectar el agua desde una línea principal”, admitió. Matilde acabó de construir su vivienda en los altos de Chillogallo, hace un par de meses, y sigue consumiendo el agua de manera directa. Ella dice que su intención no es no pagar el servicio, sino solo vivir.

La empresa reconoce que tiene unas 4 000 solicitudes represadas de la anterior administración que cambió en septiembre del 2021, pero Flor confirmó que se están poniendo al día ahora, que ya no hay escasez de medidores.

Los modos clandestinos

En 2021 fueron suspendidas 1 450 conexiones clandestinas, pero la Epmaps no tiene el cálculo del perjuicio económico que representa. A esa falta se suman otras irregularidades: instalación al revés para que no marque el consumo, colocación de imanes u otros artefactos para reducir el gasto…

Lucía cuenta que por 10 años vivió en una casa, en La Magdalena, donde el propio dueño tenía “amañado” el medidor con imanes. “Un inspector se dio cuenta. Quiso llevarse el medidor y mi esposo le dio dinero para que nos ayude”, reconoce. Ellos decidieron retirarlos y pagar lo justo para evitar problemas, pero alterar los medidores era habitual en toda la comunidad.

Otra falta frecuente es la reconexión ilegal cuando se suspende el servicio por falta de pago. Cuando se acercaba el feriado de Difuntos, el esposo de Bertha Cruz decidió conectar directamente el tubo que retiró el personal de la Epmaps de su casa en el Centro.“¿Qué más iba a hacer, si tocaba esperar como cuatro días para pagar y que conecten? Sin agua no se puede estar”, se justificó.

La Epmaps afirma que esos casos también se sancionan. Quien reconecte sin pagar los valores pendientes será multado con USD 32,30, dependiendo del tipo de instalación. La falta se califica como reconexión ilegal y la sanción equivale al 10% de lo que cuesta.

Marisol Cumba mantiene su conexión clandestina. Su sueldo como vendedora apenas le alcanza para los gastos básicos de su familia y no sabe cómo afrontaría una sanción económica.

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