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Nuevamente queda en entredicho el control en las islas Galápagos para evitar el tráfico de las iguanas marinas o especies de este Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1978. En tres meses se registraron dos intentos por sacar a estas especies desde los aeropuertos de Ecuador.
El 19 de mayo de 2026, la Policía canina del aeropuerto de Guayaquil detectó que tres ciudadanos tailandeses llevaban 12 iguanas marinas pequeñas en sus maletas. El 28 de agosto, una ciudadana rusa fue encontrada con 32 iguanas en ocho recipientes de plástico; ella intentaba salir del país a través del aeropuerto de Quito con destino a Islandia. Ella y los tailandeses están detenidos y se enfrentan a juicios penales por tráfico de vida silvestre.
Los dos casos abren interrogantes sobre cómo se sacan las iguanas marinas de Galápagos y cómo funciona el control en el aeropuerto de Baltra y en los puertos para impedir el tráfico.
Al respecto, la viceministra de Ambiente y Marino Costero, Alicia Jaramillo, sostiene que las retenciones realizadas en estos tres meses prueban que el sistema de control funciona. Explica que la Dirección del Parque Nacional Galápagos y sus guardaparques ejecutan controles en el territorio, con énfasis en los puntos de ingreso y salida, como son los aeropuertos y puertos.
Ahí trabaja un grupo interinstitucional con la Policía Nacional, Interpol, las unidades caninas de la Policía, el Consejo de Gobierno y las autoridades aeroportuarias, mientras que la Armada apoya en el mar. Adicionalmente, el Ministerio incorporó nuevos escáneres, cámaras, drones y herramientas de inteligencia artificial, y también se realiza el perfilamiento de pasajeros sospechosos.
La funcionaria dice que es importante entender que Galápagos tiene más de 1 600 kilómetros de costa y que pese a los controles “todavía necesitamos cubrir otras áreas del Parque”. Ella cree que los puntos de mayor presión son las terminales aéreas y marítimas que conectan el archipiélago con el continente (como Baltra y San Cristóbal), así como puertos de desembarque no autorizados. Se ha priorizado el perfilamiento y la inspección en aeropuertos de enlace como Quito y Guayaquil.
El Viceministerio del Ambiente afirma que no. La persona detenida en Quito no registra ingreso al archipiélago y, hasta el momento, la investigación debe determinar cómo, cuándo y por qué ruta llegaron estas iguanas al continente, así como quiénes participaron en su extracción y movilización.
Lo que sí demuestra el caso es que la coordinación entre instituciones permitió detectar a tiempo a los animales e impedir que salieran del país. Sin embargo, dice, la primera de detección siempre será Galápagos.
La viceministra Jaramillo señala que no se puede decir si hay o no bandas organizadas detrás del tráfico de las 32 iguanas en Quito, pero que la investigación judicial determinará los responsables.
Pero, considera que no son casos aislados. “Estamos enfrentando estructuras delictivas que lucran con especies endémicas de alto valor en el mercado negro exótico internacional. Por eso el trabajo interinstitucional junto a Interpol y la Policía especializada”.
La modalidad recurrente es el camuflaje en equipaje de bodega o de mano utilizando recipientes plásticos y métodos de ocultamiento para burlar filtros de seguridad, señala el Viceministerio. Los aeropuertos de Quito, Guayaquil y las islas Galápagos son utilizados por redes de tráfico internacional debido a limitaciones históricas en equipamiento especializado, capacitación de personal e inspección en puertos de origen.
Frente a este escenario, se implementó una estrategia unificada que combina el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la capacitación junto a aliados como WCS, Traffic y WildAid, y el establecimiento del ‘Filtro Cero’ en Galápagos. El objetivo es asegurar que el control de bioseguridad marítimo y aéreo neutralice el delito en su punto de origen.
Jaramillo pide a los ciudadanos de Galápagos que denuncien los casos de tráfico y que se comprometan a cuidar las especies.
Desde 2021 hasta 2026 se han detectado 4 casos con un total de 324 especímenes, entre iguanas y tortugas; murieron 36 individuos, detalla la viceministra Jaramillo.
En Ecuador continental se registraron 338 eventos de retención desde 2025, de acuerdo con los datos del Sistema Único de Información Ambiental.
Procesos judiciales y otros casos
Hay reportes de tráfico desde las Galápagos, especialmente de iguanas desde 2008, asegura Milton Castillo, abogado especialista en derechos de la naturaleza, quien vive en Galápagos.
Según él, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya advirtió sobre blanqueo de ejemplares en Europa y Asia con permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Este contiene tres apéndices:
En Ecuador, las iguanas de Galápagos estaban en el Apéndice 2. Por lo tanto, “había toda una red de traficantes, dentro del Cites y de Ecuador, privados y funcionarios públicos que permitían vender a las iguanas en el extranjero, dándoles los permisos Cites”.
Entonces, se sacaban las iguanas rosadas de la isla Isabela para Uganda, donde hay criaderos; Mali, Japón y Suiza. El problema, según él, era que las iguanas de Galápagos figuraban en el Apéndice II de la convención, que permite el traslado con fines científicos.
Recuerda que en 2022, junto con el periodista Franklin Vega, presentó una acción de protección en un juzgado civil de Quito. La sentencia, de octubre de ese año, ordenó al Estado pedir el cambio al Apéndice I, que prohíbe cualquier movimiento de la especie.
El Ministerio del Ambiente y la Cancillería llevaron la propuesta del cambio a la conferencia del Cites en Kazajistán en diciembre de 2025, sin mencionar la orden judicial, según Castillo. Pero fue recién en marzo de 2026 que el catálogo mundial incluyó a las iguanas marinas, a las iguanas terrestres y a las iguanas rosadas en el Apéndice I.
Castillo asegura que no se aplican los convenios de cooperación entre el Ministerio del Interior y la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) para el control en el aeropuerto de Baltra por parte de la Policía canina, con el fin de evitar la salida de las especies.
En uno de los documentos del juicio 09281-2026-01313 contra los tres tailandeses, el juez pide a la DPNG que certifique las razones por las cuales no existía coordinación con la Unidad de Policía Canina el 19 de mayo del 2026, día del tráfico de las iguanas en el aeropuerto de Guayaquil.
Sobre ello, el director de Ecosistemas de la DPNG, Christian Raúl Sevilla, responde que a la fecha de los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2026 no existía una coordinación operativa formalmente establecida. Hasta ese momento -dice en el escrito al juez- no se encontraba suscrito un convenio de cooperación interinstitucional vigente que habilite jurídicamente la planificación, disposición, coordinación y ejecución conjunta de actividades operativas.
Sin embargo, Castillo afirma que sí hay ese convenio. Se suscribió el 22 de noviembre de 2023 y en su cláusula sexta, establece una vigencia de 5 años, por lo que se encontraba —y se encuentra— plenamente vigente al 19 de mayo de 2026.
Por todo lo que sucede en las islas, considera que el control es negligente. Asegura que ni el Estado ni las organizaciones encargadas de proteger las especies han hecho una vigilancia adecuada para el control del tráfico de iguanas, tortugas y otros animales de las Galápagos.
Tráfico de iguanas y tortugas en Galápagos
La Dirección del Parque Nacional Galápagos y sus guardaparques controlan el territorio con énfasis en aeropuertos y puertos, junto con Policía Nacional, Interpol, unidades caninas, Consejo de Gobierno, autoridades aeroportuarias y la Armada en el mar. El Ministerio incorporó escáneres, cámaras, drones y herramientas de inteligencia artificial, además del perfilamiento de pasajeros sospechosos. La viceministra Alicia Jaramillo señala que las islas tienen más de 1 600 kilómetros de costa y que “todavía necesitamos cubrir otras áreas del Parque”. Los puntos de mayor presión son las terminales aéreas y marítimas que conectan con el continente, como Baltra y San Cristóbal, y puertos de desembarque no autorizados.
Dos intentos en tres meses: el 19 de mayo, tres tailandeses con 12 iguanas marinas en el aeropuerto de Guayaquil; el 28 de agosto, una ciudadana rusa con 32 iguanas en ocho recipientes plásticos en el aeropuerto de Quito, con destino a Islandia. Todos están detenidos y enfrentan juicios penales por tráfico de vida silvestre. Entre 2021 y 2026 el Ministerio detectó cuatro casos con 324 especímenes, entre iguanas y tortugas, de los cuales murieron 36. En 2025 hubo 92 procesos de retención con 8 889 especímenes; en 2026, 20 procesos con 78 especímenes.
El Viceministerio de Ambiente dice que no: la detenida no registra ingreso al archipiélago y la investigación debe determinar cómo y por qué ruta llegaron los animales al continente. Jaramillo sostiene que la coordinación entre instituciones permitió detectar a los animales e impedir que salieran del país. Considera que no son casos aislados y habla de “estructuras delictivas que lucran con especies endémicas de alto valor en el mercado negro exótico internacional”, aunque aclara que la justicia definirá si hay bandas organizadas detrás.
Por una acción de protección que presentaron en 2022 el abogado Milton Castillo y el periodista Franklin Vega. Un juzgado civil de Quito ordenó en octubre de ese año que el Estado pidiera el cambio. Hasta entonces las iguanas figuraban en el Apéndice II, que permite traslados con fines científicos. Según Castillo, eso facilitó una red que vendía ejemplares al exterior con permisos Cites hacia Uganda, Mali, Japón y Suiza. Ecuador llevó la propuesta a la conferencia de Cites en Kazajistán en diciembre de 2025 y el cambio quedó registrado en marzo de 2026 para iguanas marinas, terrestres y rosadas.
Sí, según Castillo: un convenio entre el Ministerio del Interior y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, suscrito el 22 de noviembre de 2023, con vigencia de cinco años. En el juicio 09281-2026-01313 contra los tailandeses, el director de Ecosistemas de la DPNG, Christian Sevilla, respondió al juez que el 19 de mayo de 2026 no existía un convenio vigente que habilitara la coordinación con la Unidad de Policía Canina. Castillo replica que la cláusula sexta del acuerdo lo mantenía vigente esa fecha y califica el control como negligente.
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