¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
La justicia ecuatoriana fijó para el 18 de septiembre de 2026 la fecha del juzgamiento inmediato contra la ciudadana rusa Olga Gennadievna K. K., procesada formalmente por el presunto tráfico de iguanas marinas de Galápagos.
La causa penal se inició tras la intervención de las autoridades en los filtros de seguridad aeroportuarios de la capital, donde se detectó el traslado no autorizado de especímenes vivos pertenecientes al ecosistema insular del país, hecho del que se informó en una nota periodística publicada en este Medio el 30 de agosto de 2026.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada el sábado 29 de agosto de 2026, el Fiscal de Delitos Ambientales presentó los elementos de convicción respectivos.
Al acoger el pedido de la Fiscalía General del Estado, el Juez de turno en Flagrancia ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para la extranjera, quien se encontraba de paso por el territorio ecuatoriano, disponiendo que el litigio se resuelva mediante la figura de juicio directo.
La aprehensión de la sospechosa ocurrió el 28 de agosto de 2026 en el área de salida internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Al realizar la inspección técnica del equipaje, el personal de control constató la presencia de ocho recipientes plásticos.
En el interior de cada envase se hallaban cuatro ejemplares vivos, contabilizando un total de 32 reptiles que pretendían ser sacados del país sin las autorizaciones administrativas que exige la normativa para la tenencia y movilización de fauna silvestre.
La iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) constituye una especie biológica endémica del archipiélago ecuatoriano. A escala nacional, figura clasificada como vulnerable dentro de la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador 2005, rango otorgado igualmente por los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Su desplazamiento requiere obligatoriamente licencias científicas o salvoconductos administrativos especializados.
El informe fiscal subrayó además que la especie integra el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2025). Dicho marco internacional establece que el reptil enfrenta peligro de extinción y prohíbe taxativamente su comercialización en cualquier mercado.
En el ámbito legal local, el expediente se sustenta y tipifica con base en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relativo a los delitos perpetrados contra la flora y fauna silvestres.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.