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El juicio contra los tres ciudadanos tailandeses detenidos con 12 iguanas marinas de Galápagos se realizará el 8 de junio de 2026 por la vía del procedimiento directo, según la providencia del juez. Para el abogado ambientalista Milton Castillo, que pidió ser reconocido como víctima en el proceso, esa vía abreviada impide investigar a fondo la red de tráfico de fauna silvestre en Ecuador y deja el caso con sanciones mínimas.
La noche del 19 de mayo de 2026, en un control de equipaje en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, la Policía y funcionarios ambientales encontraron algo que no debía estar ahí: 12 iguanas marinas de Galápagos, amarradas y envueltas dentro de tres maletas de mano.
Sus dueños, tres ciudadanos tailandeses de 30, 36 y 39 años, se aprestaban a abordar un vuelo con destino a Ámsterdam, en Países Bajos. Los animales fueron sacados del archipiélago: primero salieron de Baltra a Guayaquil y desde allí las iban a llevar a Europa. El maltrato cobró la vida de dos ejemplares; las 10 iguanas sobrevivientes fueron repatriadas a las islas el 31 de mayo.
La iguana marina es única en el mundo: la única capaz de bucear y de permanecer sumergida hasta una hora, endémica de Galápagos, ese laboratorio natural que inspiró a Darwin y que la Unesco declaró Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978.
Los tres detenidos, que aseguraron “no saber que era un delito”, recibieron prisión preventiva el 20 de mayo, dictada por el juez Glen Marcos Bodero, en el juicio por presuntos delitos contra la flora y la fauna silvestres.
Aquí aparece la alerta del abogado ambientalista, Milton Castillo. Según él, el caso avanza por la vía del procedimiento directo, una figura del Código Orgánico Integral Penal. Este se aplica a delitos flagrantes con penas de hasta cinco años y concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, en pocos días. El procedimiento ordinario, en cambio, abre una etapa de investigación que puede durar hasta 120 días.
En el procedimiento directo —tres semanas entre la detención y el juicio— “no se puede hacer prácticamente nada”, advierte el abogado. No hay tiempo para hacer los peritajes a los teléfonos celulares de los detenidos, ni para investigar. Por ejemplo, cómo salieron las iguanas de las islas, dónde se hospedaron, qué agencia les vendió los pasajes o si alguien dentro del sistema les facilitó el paso.
El calendario refuerza su preocupación: los tailandeses fueron detenidos el 19 de mayo y su juicio se fijó para el 8 de junio por las 12 iguanas marinas de Galápagos. Un plazo tan corto, sostiene, deja sin investigar todo lo que rodea al delito.
Por eso, él y las organizaciones que representa pidieron a la Fiscalía que el caso pase a procedimiento ordinario. La idea no es frenar el juicio, sino que haya tiempo de seguir el rastro completo del tráfico de fauna silvestre en Ecuador.
El tipo de procedimiento no solo define cuánto se investiga: también define cuánto se castiga. El tráfico de especies protegidas se sanciona en Ecuador con una pena de hasta tres años de prisión. Es un delito con pena baja, y precisamente por eso, recuerda el abogado, encaja en el procedimiento directo.
Su propuesta es asumir el caso desde otro ángulo. Para él, lo que debería investigarse no es únicamente el transporte de 12 iguanas, sino la estructura que lo hizo posible: cómo salieron los animales de su hábitat, quién los proveyó, quién organizó el viaje. Esa lectura abre la puerta a una figura penal mucho más severa: la delincuencia organizada, que se configura cuando participan cinco o más personas en delitos con penas superiores a siete años.
Si el proceso se cierra como un simple tráfico de especies, la sanción será mínima y los tres viajeros detenidos cargarán solos con la responsabilidad. Detrás, sostiene, queda intacta la red: los intermediarios, los proveedores y los posibles facilitadores dentro del propio sistema.
Investigar como delincuencia organizada exige más tiempo, más recursos y herramientas que el procedimiento directo simplemente no contempla. De ahí su insistencia en cambiar de vía antes de que sea tarde.
Castillo recuerda el caso del 28 de marzo de 2021. Durante una inspección de carga en el aeropuerto de Baltra, guardaparques y personal hallaron 185 tortugas gigantes recién nacidas envueltas en plástico dentro de una maleta con destino a Guayaquil. Decenas murieron por el maltrato.
Por ese caso solo una persona fue detenida y procesada: el policía Nixon P. D., asignado a la unidad canina del propio aeropuerto. En mayo de 2021 fue condenado a tres años de prisión.
La sentencia se presentó como un hito a favor de la naturaleza. Pero, para el abogado, dejó una pregunta abierta: ¿una sola persona pudo mover 185 tortugas sin ayuda? Él sostiene que no y que en estos delitos siempre hay una red detrás.
Su temor hoy es que la historia se repita: que el caso de las iguanas marinas se resuelva rápido, con tres condenados y una pena corta, mientras la organización que las sacó de Galápagos sigue operando.
Por eso, Castillo pidió a la Fiscalía que cambie a procedimiento ordinario, investigue la red completa y valore la figura de delincuencia organizada.
Enlace externo: Las iguanas marinas de Galápagos
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