Ramiro Ávila: ‘impunidad nos está volviendo más insensibles’

Ramiro Ávila, en uno de los rincones de su oficina, ubicada en el edificio Mariscal Sucre, de la U. Andina. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

En las últimas semanas, los casos de impunidad judicial se han multiplicado de una forma feroz en el país. Esta realidad ha indignado a la mayoría de ecuatorianos y ha abierto el debate sobre las consecuencias de vivir en una sociedad marcada por la impunidad. Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional y docente  universitario, reflexiona al respecto.  

¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra impunidad?

Lo que se me viene a la cabeza son las violaciones a los derechos humanos que se sufrieron en Latinoamérica durante las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado; años en los que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. En muchos casos no hay una declaración de responsabilidad judicial y los daños que se hicieron no fueron reparados.

¿Hacia dónde nos está llevando la impunidad judicial en el país? 

Creo que en el país hay unos problemas estructurales en la administración de justicia, porque no todas las personas que sufren violaciones de sus derechos pueden acceder a la justicia y cuando lo hacen se encuentran con muchas trabas, como la congestión procesal o la falta de acceso a abogados competentes. Luego, si se logran respuestas judiciales, estas llegan tarde y de forma deficiente;

y si se logra una sentencia, en muchos casos esta no se cumple.

Pero, ¿hacía dónde nos está llevando todo esto?

Hay dos efectos que a mí me llaman la atención sobre la impunidad judicial. Uno es la desconfianza que se genera en relación con la institucionalidad del Estado por parte de la ciudadanía. Lo otro es esa sensación de injusticia y no reparación a las víctimas de violaciones de derechos, cuando hay una Constitución que los reconoce y que promete hacer justicia.

¿El aumento de la impunidad judicial responde a que vivimos en un narcoestado?

A mí me parece que efectivamente hay una influencia perniciosa no solamente del narcotráfico sino también de la criminalidad organizada. Me parece que esos dilemas que plantea el crimen organizado del tipo te pago para que sentencies a mi favor o te mato o hago daño a tu familia son terribles. Estamos metidos en un Estado en el que es muy difícil manejar y controlar de forma democrática lo que debería suceder. Es claro que existen intereses ajenos a la justicia y al derecho; y eso, a la postre, genera más impunidad.

¿Usted en algún momento ha estado en medio de esos dilemas?

No, nunca. Ni siquiera cuando ejercí la judicatura sentí presión política. Pero me parece que esos son espacios privilegiados. No me puedo imaginar cómo será ser un juez penal en Esmeraldas,  Manabí o Guayas. Me parece que no existe en el país la reflexión alrededor de cómo proteger la independencia o el mal manejo de las instituciones. Sigo pensando que nos ponemos una venda sobre los problemas profundos que estamos teniendo, como la violencia carcelaria, o la relación del narcotráfico con los grupos organizados. 

“Cuando nos olvidamos que detrás de cada acto hay una serie de consecuencias, las personas creen que pueden hacer cualquier cosa”. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Entonces, ¿no es lo mismo ser un juez de la Corte Constitucional que uno de Manabí?

Estoy imaginando que ser juez penal en lugares donde existe fuerte presencia de criminalidad organizada debe ser muy difícil. Me parece que Guatemala exploró formas interesantes de atender la corrupción y el crimen organizado, que fue tener una especie de jueces mixtos: internacionales con nacionales, o jueces itinerantes, que tienen protección sobre su integridad física. Lo que me parece clave es que un funcionario público no tenga que debatirse entre el dilema de su vida o la corrupción.

¿No ha sentido que vivimos en una especie de Ciudad Gótica, donde el caos y la impunidad son el nuevo orden?

La verdad es que sí lo he sentido. Lo peor de todo es que nos volvemos insensibles. Hace poco murieron decenas de personas en Turi y no hubo la misma reacción de la sociedad que cuando pasó la primera masacre. La  impunidad... a más de crear desconfianza genera insensibilidad. Al final todos somos parte y cómplices de un Estado y de una sociedad que tolera la violencia en sus múltiples formas.  A veces ya solo pasamos la noticia o el tuit y seguimos la vida y esa indiferencia es fatal para la democracia.

"Cuando hay impunidad el Estado pierde legitimidad en una de sus funciones más importantes que es dar respuesta a violaciones de derechos”. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

¿Nos olvidamos que hay impunidad desde el Estado, pero también desde la esfera privada?

Me parece que no hay forma de entender la esfera pública sin la esfera privada. Si hacemos un repaso por los casos más sonados de corrupción en el país, detrás hay una empresa privada involucrada, desde el caso Texaco hasta el caso Odebrecht. La impunidad también está detrás de las defraudaciones que se hacen

al Fisco, o cuando alguien paga para conseguir un beneficio. Hay que preguntarse qué valores y principios estamos enseñando a los niños y niñas; ahí vamos a darnos cuenta que hay una dinámica de responsabilidad conjunta entre sociedad y Estado.

¿Qué valores hay que recuperar para luchar contra la impunidad?

Ahora, desde el jardín de infantes se inculca a los niños valores como la competencia y el individualismo,   cuando lo que tendría que aprender es solidaridad, cooperación y sobre la interdependencia entre las personas; lo que la Constitución, aunque no nos guste, llama Sumak Kawsay.

Hoja de vida

Es catedrático en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entre sus estudios se destaca un doctorado en Sociología del Derecho, por la Universidad del País Vasco, Donostia. Fue subsecretario de Reforma Judicial y de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre 2019 y 2021 fue juez de la Corte Constitucional del Ecuador.

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Posted by El Comercio on Sunday, April 10, 2022

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