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La eliminación del subsidio al diésel continúa provocando reacciones en Ecuador. En Cotacachi, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas (Unorcac) convocó a una movilización indefinida que comenzará el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 22:00.
La resolución se adoptó en una Asamblea Extraordinaria con la participación de 40 comunidades de las cuatro parroquias del cantón.
Allí se decidió exigir al Gobierno nacional la derogación inmediata del decreto 126, firmado por el presidente Daniel Noboa, que elevó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares desde el 13 de septiembre.
La Unorcac sostiene que la medida vulnera los derechos del pueblo, encarece la canasta básica familiar y golpea directamente a agricultores y campesinos, que ven incrementados sus costos de producción.
El pronunciamiento incluyó también un mensaje político. Debido al traslado temporal de la sede de la Vicepresidencia a Otavalo, la Unorcac declaró persona non grata a la vicepresidenta María José Pinto.
Según la organización, la decisión refleja su rechazo a lo que consideran complicidad con políticas que afectan a los sectores populares.
El Ejecutivo ratificó que no revertirá la decisión. La vocera Carolina Jaramillo afirmó el 15 de septiembre, desde Latacunga, que “la decisión está tomada” y señaló que el Gobierno no aceptará “negociaciones entendidas como presiones”.
Jaramillo explicó que la medida forma parte de un plan de redistribución de recursos que incluye el Bono Raíces, con una transferencia de 1 000 dólares a 100 000 agricultores. También, el crédito ‘7×7’ de Banecuador, con 100 millones de dólares disponibles a siete años plazo y 7% de interés.
Mientras en Cotacachi se prepara una movilización, en Carchi ya se registraron cierres viales que paralizaron la Panamericana Norte y otras rutas de conexión.
Tras un día y medio de bloqueos con llantas, troncos y vehículos de carga pesada, el Gobierno y transportistas de esa provincia alcanzaron acuerdos el 16 de septiembre.
El pacto incluyó la construcción de playas de estacionamiento seguras, la habilitación de zonas de descanso en peajes y vías concesionadas, mesas técnicas de seguimiento y análisis de indemnizaciones para transportistas afectados por la delincuencia.
Con ello se restableció progresivamente la circulación en la E35 y en las vías hacia Imbabura y la frontera norte, aunque en sectores como Montúfar continuaban cierres con quema de llantas y tierra.
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