Salir a las calles, viajar en bus o ir a un restaurante, ya no es lo mismo. En Quito, desde hace meses, el miedo es otro acompañante de las personas.
Los videos que han circulado por redes sociales muestran una dinámica violenta a la que la ciudad no estaba acostumbrada.
Imágenes como la del joven al que dos delincuentes apuñalaron por robarle el celular en la 6 de Diciembre, el martes pasado, hacen que la gente tema salir y pida más seguridad a las autoridades.
En la Real Audiencia hay más de 180 locales, en uno de ellos, cerca de la Tufiño, atiende Maritza Brito. El negocio funciona desde hace ocho años y en el último, dos veces han sido víctimas de asaltos. A finales del 2021, a uno de sus comensales le abrieron el carro y le robaron un computador, y en marzo, un hombre entró armado y se llevó celulares de los clientes y USD 150 que tenía en caja.
Maritza cree que ahora la gente tiene miedo y no sale a comer afuera. Asegura que a finales del año pasado el negocio estaba mejorando. Antes de la pandemia vendía más de 100 platos al día, luego los números cayeron a cero y a finales del año pasado empezaba a subir con 60 platos al día, pero ahora no llega ni a 50.
Ha tratado de organizarse con los locales vecinos para pagar un guardia, pero les costaría cada mes USD 1 700 (por dos guardias para los dos turnos) y no cuentan con ese dinero. Según el Ministerio de Gobierno, los robos a personas han aumentado en Quito el último año. En los tres primeros meses del 2021 hubo 1 274 casos.
En ese mismo período de este año, fueron 1 635. En las calles, la percepción de inseguridad es general. Dinna Barcia, miembro de la Federación de barrios de Quito, dice que la inseguridad reina en toda la ciudad. La Policía no se da alcance y que tanto el Gobierno como el Municipio han dejado a Quito en el abandono, agrega.
¿Por qué la Policía no se da abasto?
En el país, hasta marzo pasado estaban registrados 51 310 policías de los cuales, al Distrito Metropolitano de Quito están asignados 13 635, lo que la convierte en la ciudad con más uniformados del país.
Le sigue Guayaquil con 8 097. El comandante de Policía Fausto Salinas sostiene que, en Quito, los uniformados deben realizar tareas adicionales relacionadas con la convivencia ciudadana. Aseguró que se dedican a atender escándalos públicos y a retirar libadores de las calles, lo que les quita tiempo de patrullar.
El ECU 911 lleva un registro del número de alertas relacionadas con ambas faltas desde el inicio de la pandemia por el covid-19.
Esto permite entender la frecuencia con la que la Policía es llamada para atender esos dos tipos de emergencias.
Según esas cifras, desde marzo del 2020, hasta mayo del 2022 se han registrado solo en Quito 155 000 escándalos y 147 498 alertas relacionadas a libadores.
Son las dos incivilidades más frecuentes en la urbe, muy por encima de robos y aglomeraciones.
Juan Zapata, director del ECU 911, explica que una vez que se recibe la llamada, se abre una ficha con datos básicos y se la transmite a la entidad encargada de atender la emergencia.
Antes, prácticamente todas las llamadas terminaban en la Policía porque así lo determinaba el catálogo de incidentes que estableció el ECU, pero el año pasado se lo reformó. Y ahora las que corresponden a uso del espacio público y convivencia se pasan a las entidades municipales, dice.
Pese a eso, Zapata admite que debido al poco personal con el que cuenta la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, muchas de las emergencias terminan en la Policía. La primera entidad tiene 106 agentes entre inspectores, instructores y secretarios en calle y la segunda dispone de 800 uniformados en el espacio público.
Añadió que es urgente oxigenar a la Policía e instó a los Municipios a fortalecer las unidades de control en sus territorios.
Las competencias
Hay un detalle más. La Policía Nacional no tiene capacidad sancionatoria en el caso de los libadores en el espacio público.
Cuando llegan los uniformados lo único que pueden hacer es retirar a las personas del lugar.
Quien sí puede sancionar es la AMC. En lo que va del año, se han multado con el 50% de un salario a 44 personas por libar en zonas públicas. Sin embargo, según el ECU, solo de enero a mayo de este año hay 21 197 alertas por libadores, por lo que no se están aplicando sanciones en todos los casos.
Hay dos razones por las que eso ocurre: la cantidad de trabajo que está en manos de la entidad y el poco personal. Jaime Villacreses, supervisor de la AMC, explicó que su equipo se encarga del control del cumplimiento de toda la normativa metropolitana.
Algunos de los temas que sancionan están relacionados con incumplimiento de construcciones, planes de seguridad, licenciamientos en todo tipo de comercios. Además, publicidad, ventas ambulantes, uso indebido del espacio público, y todas las contravenciones como arrojar basura en las calles, lavar autos en vías, arrojar escombros en quebradas…
Son miles de normas. Y cuenta con 162 colaboradores, de los cuales 106 están en las calles en el control del espacio público.
Logran cubrir unos 30 puntos en todo el Distrito al día. Para poder tener una cobertura total, dice el Supervisor, debería tener un personal en cada calle.
Considera que es importante aumentar el talento humano y plantea otra opción: que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos dependa de la AMC y no de la Secretaría de Seguridad. De esa forma se podrían coordinar mejor las intervenciones tomando en cuenta las relaciones de sus funciones.
El ruido
Otro de los temas por los cuales despachan a policías es por conflictos atribuidos al ruido.
Según Salinas, ocurre cuando un vecino hace fiesta y sube el volumen. En esos casos también llega la Policía, pero lo único que puede hacer es recomendar que bajen el volumen, porque tampoco pueden sancionar. La entidad que controla el ruido también es la AMC, pero solo actúa cuando el exceso de ruido es por parte de un local comercial.
En esos casos, para poder multar, acuden con la Secretaría de Ambiente, quien debe medir el ruido para ver si en efecto se superan los decibeles permitidos.
El límite depende de la zona en la que se encuentre y del tipo de local (usualmente en las noches es 55 decibeles y en el día 60) y la sanción va de dos a ocho salarios.
¿Pero, y si es un vecino y no un local el que causa molestia?
Ambiente informó que, en ese caso, se trataría de un escándalo público y se debe llamar al ECU 911, quien sigue el protocolo y termina enviando a la Policía.
La vicealcaldesa Brith Vaca admite que la policía está subutilizada y que la AMC está sobresaturada de trabajo. Dice que hay que reestructurarla y fortalecerla.
Al momento, añade, se está trabajando en una ordenanza que permitirá que los agentes del Cuerpo Metropolitano de Control puedan también sancionar. Se podría incluir a la Policía.
