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Las comunas del cantón Urcuquí se organizan en contra de la minería

Los habitantes de Cahuasquí controlan el paso de los vehículos. Están en contra de la minería legal e ilegal. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

El barrio La Merced se ha convertido en el nuevo punto de reunión de los habitantes de la parroquia Cahuasquí, perteneciente al cantón Urcuquí, en Imbabura.

Durante el día y la noche, grupos de personas permanecen junto a la estrecha carretera empedrada, que conduce hasta la vecina parroquia La Merced de Buenos Aires.

Esta última ganó fama por la minería ilegal que devastó las montañas, entre el 2017 y 2019, en busca de oro. La fiebre por el metal terminó con el desalojo de 6 000 personas de las minas, que se habían abierto. El operativo estuvo a cargo de miembros de la fuerza pública.

El temor de que suceda algo parecido en su parroquia empujó a los cahuasqueños a organizarse. En una asamblea comunitaria, realizada en mayo último, acordaron declararse en resistencia contra la minería legal e ilegal. Eso incluye no permitir el paso de vehículos que intenten transportar maquinaria o herramientas hacia Buenos Aires. Tampoco, sacar rocas mineralizadas.

“Fue una decisión soberana de la mayoría de los 3 000 habitantes de Cahuasquí”, asegura Juan Carlos Vásquez, presidente de la junta parroquial.

El jueves pasado, grupos de personas se concentraron nuevamente junto a la carretera. A la orilla del camino se han levantado dos columnas de hormigón armado. Entre ellas hay una gruesa cadena de metal, que impide la libre circulación de los vehículos.

“Pueden cruzar carros y motos de los vecinos o visitantes. Pero no los vehículos de personas vinculadas con cualquier tipo de minería”. Así explica Edwin Carrillo, mientras retira la cadena y un cono plástico de color naranja, para dar paso a una camioneta blanca.

Una acción parecida tomaron desde abril pasado los habitantes de La Merced de Buenos Aires. Ellos controlan la otra vía de ingreso a la localidad, que se conecta con la carretera Ibarra-San Lorenzo.

Pero esa medida ha provocado roces entre los campesinos y los funcionarios de la empresa minera Hanrine, que tiene cinco concesiones en la parroquia de Buenos Aires.

Son más de 12 000 hectáreas, en donde la minera está autorizada a realizar exploración inicial, explica Mauricio Almeida, coordinador Zonal Norte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Pero no ha podido ingresar por la restricción aplicada por un conjunto de ciudadanos, asegura. Se teme que ahí también estén infiltrados mineros informales, que estarían extrayendo clandestinamente rocas mineralizadas.

Los dos grupos en pugna han permanecido en el camino, frente a frente, por más de tres meses. El martes último se produjo un nuevo forcejeo, que dejó un herido.

El tema se disputa también en el ámbito legal. La última semana un juez de Quito aceptó una acción de protección interpuesta por la empresa minera, por la supuesta vulneración de sus derechos.

La sentencia dispone que la fuerza pública tome las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los funcionarios de la empresa.

ero esta decisión se contrapone a la del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuquí, que, en junio pasado, dictó medidas cautelares. En ellas disponía que la minera desaloje el ingreso del pueblo, para evitar una confrontación con la población.

El ambiente de tensión continúa en La Merced de Buenos Aires. El asambleísta de Imbabura, Mario Ruiz y quien se ha mostrado partidario de los antimineros, teme que pueda suceder enfrentamientos con graves consecuencias.

“Aquí hay dos sentencias que se están contraponiendo. La una establece que debe precautelar la paz y la seguridad del pueblo de Buenos Aires y de los trabajadores de la minera. Y la otra insta a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas incluso a aplicar el uso progresivo de la fuerza”.

Ruiz anunció que ante esto solicitará a la Asamblea Nacional que convoque a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para que explique la actuación del juez de Quito.

También a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para que informe sobre la disposición que tiene la fuerza pública para actuar en este caso.

Los habitantes de Cahuasquí son agricultores en su mayoría. En sus tierras cultivan fréjol, aguacate, espárrago, pimiento, pepino dulce, tomate riñón y de árbol, entre otros.

Mientras tanto, los ‘bonaerenses’ tienen en la producción de leche de vaca su principal rubro económico.

Por la situación de Buenos Aires se convocó el viernes último a una reunión de funcionarios de los ministerios de Energía, Ambiente y Agua, Gobierno, entre otros. La cita fue para diseñar la hoja de ruta que se aplicará en la zona.
Por lo pronto, se dispuso que se despejaran las carreteras de Buenos Aires y Cahuasquí, para garantizar que la ciudadanía circule libremente.

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