4 de febrero de 2020 00:00

Ante los crímenes, la Policía rastrea origen de las armas

Mariana Granja fue asesinada en los exteriores de un centro comercial del norte de Quito la tarde del sábado 1 de febrero del 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La tarde de este lunes 3 de enero del 2020 se desarrolló un plantón por el asesinato de Mariana Granja en el sector norte de Quito.. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Diego Puente

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El asesinato de Mariana Granja, una mujer de 68 años, encendió las alarmas en la Policía. Los agentes dicen que en este hecho, perpetrado el sábado 1 de febrero del 2020 en Quito, confluyeron dos fenómenos que rodean las muertes violentas: el aumento en el uso de armas de fuego y la participación de extranjeros.

Durante el año anterior, más de la mitad de homicidios en el país se perpetraron con pistolas, revólveres o similares. Esta información es confirmada por el Ministerio de Gobierno.

El sospechoso ejecutó dos disparos contra Granja, en la cara y en la pierna. Él está preso, pero los investigadores rastrean a dos hombres más que habrían participado.

Este lunes 3 de enero del 2020, el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, ofreció “cerrar el acceso a las armas” y habló de la necesidad de conformar una “estructura de Inteligencia” para rastrear a las redes criminales que proporcionan armamento “especialmente a grupos de extranjeros”.

Ante los crímenes, la Policía rastrea origen de las armas


Hace 15 días, el oficial ya aseguró a este Diario que se enfrentan a un fenómeno nuevo. “Nosotros teníamos un 2% o 3% de participación de extranjeros en homicidios, como víctimas o como victimarios. En el 2019 subió al 6%. Los venezolanos representan el 2%. Hubo 24 ciudadanos de ese país que fueron víctimas y hubo unos 40 victimarios”.

Desde entonces, los mandos policiales ya alertaron sobre los cambios que buscan para mejorar la seguridad. Uno de estos es reformar la Ley de Movilidad. Buscan que el país exija más requisitos a quienes busquen ingresar al país y agilitar el trámite de deportación para extranjeros infractores.

El comandante de la Policía de Quito, Fausto Salinas, dice que entre los extranjeros hay personas con historial delictivo que buscan radicarse en el país, porque precisamente la deportación es más difícil.


Para mejorar la seguridad, en Quito se integrará todas las unidades de Inteligencia e investigación. La idea es centralizar datos de instituciones como el ECU-911, la Secretaría de Seguridad y de la Agencia Metropolitana de Control. Así buscan determinar en qué zonas se produce la mayor cantidad de delitos y actuar.

La Policía ordenó patrullar con más agentes la zona de Iñaquito, en donde asesinaron a Mariana. Estas disposiciones se emitieron mientras familiares y amigos planificaron un plantón para exigir justicia y que no haya más víctimas.

Desde las 17:00 salieron con pitos y pancartas para pedir más seguridad. “Ya estamos hartos de la inseguridad, de no poder caminar tranquilos. Hoy fue Marianita, mañana podemos ser nosotros”, gritaba Rocío Carrillo, de 63 años, prima de la mujer asesinada.

Los vehículos que circulaban por la avenida Amazonas se sumaban a la protesta. Hicieron sonar sus bocinas.

Solo en enero, Quito reportó 17 asesinatos. En ese mes del año pasado fueron 15 casos.

Guayaquil, en cambio, reportó 34 asesinatos en 27 días de enero. En esa ciudad se reunieron ayer la fiscal Diana Salazar; la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; la alcaldesa, Cynthia Viteri, la Policía, entre otros.

Analizaron las tareas ejecutadas en contra de la inseguridad y allí el viceministro de Seguridad, Patricio Pazmiño, también comentó que en la Asamblea están pendientes las reformas a la Ley de Movilidad Humana, precisamente para mejorar los procesos de deportación de los extranjeros que cometan ilícitos.

El funcionario informó que desde este Viceministerio se realiza una evaluación para determinar cuál es la participación real de los extranjeros en las acciones violentas.

Después del asesinato de Granja, la tarde de ayer circuló un documento firmado por la denominada Fundación Venezolanos en el Exterior.

El grupo condenó lo sucedido y se solidarizó con la familia de la mujer atacada y con la sociedad ecuatoriana.

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