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Clínicas clandestinas para jóvenes con adicción a las drogas proliferan en 23 zonas populares de Guayaquil

Así eran los dormitorios del lugar intervenido por la Policía y  la Agencia de Aseguramiento de la Calidad.

Así eran los dormitorios del lugar intervenido por la Policía y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad.

El 13 de julio del 2020, policías ingresaron a una clínica ilegal en Unión de Bananeros. FOTOS: CORTESÍA

La pequeña casa estaba ubicada al fondo de una calle de tierra. Las ventanas no tenían vidrios, pero sí unas rejas de metal. El techo estaba compuesto por láminas de aluminio y en el interior había cuatro habitaciones pequeñas. Allí vivían 60 chicos, entre 17 y 30 años. Todos tenían problemas de consumo de drogas y llegaron a ese sitio para supuestamente iniciar un proceso de rehabilitación.

Dormían en colchones sucios y malolientes. Unos cordeles, sostenidos con clavos, servían para colgar la ropa.

En la cocina no había refrigeradora. Las papas y los racimos de verdes estaban en el piso, junto a los tachos de basura. Era una clínica clandestina que atendía a los jóvenes.

El lugar fue clausurado a mediados del 2020, en plena pandemia. Hoy, este caso se investiga en la Fiscalía.

En los dos baños tampoco había jabón. Los chicos no usaban mascarillas. Personal del Ministerio de Salud comprobó que el 85% de ellos estaba afectado con el covid-19.

Así eran los dormitorios del lugar intervenido por la Policía y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad.

La clínica operaba en Bastión Popular, un barrio del norte de Guayaquil. En ese sector, en los últimos tres años se han detectado otros cuatro centros ilegales.

La Policía y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) dicen que las mafias que están detrás de estos negocios ilícitos buscan barrios populares para montar estos ‘servicios’.

Desde el 2018 hasta marzo del 2021, estas dos instituciones han clausurado en Guayaquil 103 de estos establecimientos (ver info). En esa ciudad hay cuatro clínicas privadas legales y tres estatales.

En los últimos años, los negocios clandestinos han proliferado principalmente en 23 sectores del Puerto Principal. Se encuentran, por ejemplo, en Los Guasmos, Durán, Flor de Bastión, Bastión Popular, El Fortín, Isla Trinitaria y Monte Sinaí.

Juan conoce lo que ocurre en esos sitios ilegales. En el 2020 vivió en dos de esas clínicas y en diciembre fue rescatado en Durán, junto con 40 chicos más. Recuerda que tenían apenas 15 camas y el resto dormía en el piso o en colchones rellenos de trapos.

Así eran los dormitorios del lugar intervenido por la Policía y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad.

Uno de esos lugares fue clausurado en marzo del año pasado, porque los supuestos terapistas golpeaban a los jóvenes y les daban solo un pan con café por día. “Nos humillaban permanentemente. Nos dibujaban órganos sexuales en las cabezas”, dice.

Esos detalles están judicializados en las oficinas fiscales.
La Policía tiene en sus archivos la detención de 12 personas en diferentes casos.

Tras las investigaciones se detectó que los implicados también tenían vínculos con redes de microtráfico. Parte de los supuestos tratamientos eran mantener a los chicos bajo efectos de fármacos para dormir o de tranquilizantes, para evitar que se escapen. Para la Acess esto es tortura.

La Defensoría del Pueblo y el Comité Permanente de DD.HH. advierten que la falta de servicios básicos y el poco control que ejerce la Policía en los barrios populares vuelven a estos sitios ideales para que los sospechosos estructuren sus negocios ilegales.

Tienen reportes que para abrir una clínica clandestina las bandas activan a cerca de 15 cómplices. Unos consiguen casas viejas o a medio construir. Otros recorren barrios y hablan con las familias de los chicos para convencerles de que los internen. Los cabecillas se encargan de los cobros ilegales, que oscilan entre USD 50 y 200 mensuales.

La Policía dice que las mafias forman verdaderas redes de amedrentamiento con los vecinos de los sectores, para evitar que los denuncien.
Eso ocurrió en Los Guasmos. Los agentes que monitorean esos sectores admiten que la gente está amenazada.

“Nosotros llegamos hasta las clínicas, las clausuramos y cuando intentamos indagar por los dueños, la gente no habla”, dice un agente. Un dirigente barrial confirma aquello, pero está atemorizado. 

Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para Investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas, convocado por la Fundación Gabo