Las principales víctimas de una presunta organización delictiva eran personas de la tercera edad, a quienes les robaban sus pensiones jubilares.
Los procesados por asociación ilícita son María Piedad N., Luis Humberto O., César Javier Ll. y Jessica Maribel V. Fiscalía les formuló cargos, iniciando una instrucción fiscal de 90 días.
De acuerdo con la teoría del caso, planteada en la audiencia por el Fiscal Especializado en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 3) de Pichincha, los procesados engañaban a las víctimas ofreciéndoles un bono para sus pensiones jubilares. Estos rubros, según les decían, quedaron pendientes de pago por el anterior Gobierno y no se efectivizaron debido a la pandemia.
Los perjudicados eran abordados en los exteriores de las agencias bancarias. La coartada de los sospechosos consistía en hacerles creer a las víctimas que, para acceder a este bono, necesitaban una tarjeta magnética y una clave. Esta era proporcionada por un hombre que se hacía pasar por teniente de la Policía Nacional.
Les vaciaban sus cuentas
Les explicaban además que, el único requisito para acceder al beneficio era no tener fondos en sus cuentas, justificándose así la necesidad del dinero. De esta forma los inducían a sacar todos sus ahorros, dinero que debían entregar a los procesados.
Los sospechosos no solo se habrían valido del poder de la palabra. Según la Fiscalía, también usaban sustancias con las que hacían que sus víctimas pierdan la voluntad y terminen entregando su dinero.
Tras conocer denuncias sobre estos actos, en enero de 2023 Fiscalía abrió una investigación previa. Dispuso a los agentes investigadores el desarrollo de seguimientos y vigilancias de los sospechosos, con la respectiva autorización judicial.
Luego de identificar las supuestas actividades ilícitas, el Fiscal del caso lideró un operativo en el que allanaron inmuebles en Quito. En ellos levantaron indicios como: tarjetas magnéticas con las que presuntamente engañaban a las víctimas, credenciales falsas de las instituciones de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dinero en efectivo, entre otros.
En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó como elementos de convicción las denuncias y versiones de los perjudicados. También, los resultados de las vigilancias y seguimientos que la Policía desarrolló desde enero.
Los procesados utilizarán grillete electrónico y deben presentarse de forma periódica ante la autoridad. Además, no deberán ausentarse del país, sus cuentas bancarias estarán retenidas y no podrán enajenar el vehículo que habrían utilizado para movilizar a las víctimas.
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, que lo sanciona con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años.
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