Con 59 firmas de respaldo, el correísmo (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados presentaron este jueves 16 de marzo del 2023 el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.
Lo acusan de supuesta concusión y peculado, una de las causales previstas en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución para activar este proceso de control político contra el Jefe de Estado.
Los asambleístas Viviana Veloz (Unes), Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo, de una facción de la Izquierda Democrática (ID), y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik, se presentaron como proponentes de esta causa.
“Hoy es un día histórico para el Ecuador. Este juicio político busca establecer las responsabilidades políticas del Presidente de la República, Guillermo Lasso”, dijo Veloz.
La legisladora manifestó que Lasso adecuó su conducta “para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas”.
“El Presidente ha preferido proteger a su cuñado, a su familia, a sus amigos y ocultar una investigación que atacaba al narcotráfico albanés para poner por encima a su cuñado y no los intereses del pueblo ecuatoriano”, agregó.
Pruebas
Veloz señaló que una de las pruebas consiste en una comunicación remitida al presidente Lasso por el exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Jhonny Estupiñán, el 22 de marzo del 2022. Allí el exfuncionario le habría informado sobre presuntos actos de corrupción por parte del exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), Hernán Luque, y no actuó.
Agregó que también la Fiscalía General del Estado entregó una certificación de que el presidente Lasso ni otro representante del Gobierno ha presentado ninguna denuncia para que se investigue esta trama que también salpica a Danilo Carrera, cuñado del Mandatario, a Rubén Chérres, empresario investigado en un caso de supuesto narcotráfico.
“Existen abundantes elementos probatorios que reposan en esta solicitud de juicio político, las mismas que se recabaron” en la Comisión ocasional creada por la Asamblea para investigar esta trama dijo Veloz. “Nosotros establecemos responsabilidades políticas y es la justicia la que debe establecer la responsabilidad penal”, acotó.
Informe de la Comisión
El expediente incluye elementos recabados por la Comisión ocasional especial de la que formaron parte los ahora proponentes: Veloz, Pazmiño, Zapata y Fajardo, cuyo informe fue aprobado por 104 asambleístas en el Pleno hace dos semanas.
“El informe aprobado ha servido como insumo para la presente acusación constitucional de juicio político al Presidente de la República, sin embargo, esta acusación no se reduce a su mera réplica, pues, como no puede ser de otra manera, se han examinado otros hechos y pruebas”, dice la solicitud.
Juan Fernando Flores, coordinador del oficialismo, observó que la oposición legislativa dio marcha atrás en pretender acusar a Lasso por “omisión por comisión”, como constaba en dicho informe, al que catalogó como una fábula.
“No tienen elementos probatorios que determinen que esto fue una orden o una ejecución del propio Presidente de la República”, apuntó.
Proceso
El documento, de 55 páginas, irá al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), controlado por la oposición legislativa, para su calificación. Tenía 72 horas, pero el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), convocó de inmediato al organismo a sesión para este viernes, a las 19:45, para tomar una resolución.
Luego, este organismo requerirá un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
Flores manifestó que la Corte “debe revisar que cumpla la forma y que los elementos constituidos dentro de las causales tengan conexidad y conectividad”, según la Constitución y la Ley. Mientras la oposición espera que la Corte tenga un criterio jurídico y no político en este tema.
El pedido contiene las firmas de asambleístas del correísmo (Unes), y el PSC, principalmente. También de una facción de la Izquierda Democrática (ID) y el ala radical de Pachakutik que comulga con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
Reunieron 13 firmas más de las necesarias para activar este proceso. Pero alrededor de 20 legisladores de esta mayoría opositora no firmó la solicitud.
Si el dictamen de la Corte es favorable, una eventual censura y destitución de Lasso dependerá de 92 votos en el Pleno de la Asamblea. En caso contrario, se archivará.
Juicio político
La asambleísta Veloz explicó que se aplicó el artículo 129 numeral 2 de la Constitución sobre presuntas omisiones del Mandatario en delitos como peculado, cohecho y concusión en la administración pública.
Este artículo dice así:
“Art. 129.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos:
1. Por delitos contra la seguridad del Estado.
2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
El asambleísta del PSC, Esteban Torres dijo que, así criterio, se han recolectado numerosas pruebas. “Estamos hablando de 25 pruebas”.
¿Qué es la concusión?
La concusión es un delito de corrupción que se sanciona de tres a cinco años de cárcel. Así lo establece el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP).
En el ámbito penal, ese ilícito se configura cuando un funcionario público ordena o exige la entrega de “derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.
Sin embargo, en el presente caso, el Presidente Lasso no tiene una sentencia en firme y se trata de un argumento político para su procesamiento en la Asamblea Nacional.
El Mandatario fue investigado por supuestas omisiones en una trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador.
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