La recolección de firmas para el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso estuvo a cargo de dos asambleístas del correísmo (Unión por la Esperanza, Unes), uno del Partido Social Cristiano (PSC) y una de la Izquierda Democrática (ID).
El procedimiento se dio en la sala de sesiones del Pleno este jueves 16 de marzo del 2023.
Para presentar la solicitud se requería de, al menos, 46 firmas de respaldo de entre los 137 asambleístas. Al final, alcanzaron 59, cuando una eventual censura y destitución del Mandatario requerirá de 92 votos.
Si se toma en cuenta que las bancadas de Unes, el PSC y sus aliados disidentes de la Izquierda Democrática y Pachakutik agrupan 79 curules, significa que 20 legisladores de esta mayoría opositora no firmaron la solicitud.
Tampoco firmó la mayoría de los 26 legisladores de Pachakutik.
Así, el pedido de juicio político alcanzó poco más de la mitad de las firmas de respaldo de entre los 104 asambleístas que hace dos semanas aprobaron el informe de la comisión ocasional que recomendó este proceso contra Lasso.
Los asambleístas Viviana Veloz y Mauricio Zambrano, del bloque de Unes, recorrieron cada una de las 47 curules de esta organización política con los formularios.
El asambleísta Pablo Muentes, del PSC, hizo lo propio en los 16 puestos de esta bancada. En una facción de la Izquierda Democrática (ID) se encargó de hacer lo mismo Yeseña Guamaní entre 8 legisladores de este sector.
Jahaira Urresta, de Unes, calculó que el pedido sería presentado con más de 60 firmas de respaldo. Sin embargo, se vio tensiones en esta bancada, no todos se presentaron en el hemiciclo.
Hubo tensiones en el correísmo, la bancada salió intempestivamente del Pleno en el momento en que se recogían las firmas. "Vamos a una reunión privada", dijo Marcela Holguín. Al final muchos se arremolinaron a firmar.
"Es un tema de bancada, nos reunimos a trabajar en conjunto, como siempre pueden haber criterios, pero mayormente todos han firmado o en su totalidad los 47 legisladores" aseguró Xavier Jurado, otro legislador de este bloque.
Veloz (Unes) y Pedro Zapata (PSC) fueron escogidos como los proponentes. A último momento se sumaron Mireya Pazmiño, separada de Pachakutik y afín al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y Ramiro Fajardo, de una facción de la Izquierda Democrática (ID), lo que obligó a la oposición a recoger dos veces las firmas de respaldo.
Lo acusación contra Lasso se centra en supuesta concusión y peculado, una de las causales previstas en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución para activar este proceso de control político contra el Jefe de Estado.
Esto, tras la investigación realizada por la Comisión ocasional de la que formaron parte los ahora proponentes del juicio político sobre una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador.
El pedido deberá ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Este organismo deberá requerir un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
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