11 de septiembre de 2019 00:00

Pleno, sin acuerdo para reforma electoral

Ximena Peña, coordinadora de Alianza País, y Henry Cucalón, del PSC, ayer en el Pleno. Foto: Patricia Terán / EL COMERCIO

Ximena Peña, coordinadora de Alianza País, y Henry Cucalón, del PSC, ayer en el Pleno. Foto: Patricia Terán / EL COMERCIO

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Roger Velez

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Sin un acuerdo previo entre las bancadas sobre los cambios que se requieren, la Asamblea retomará mañana el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia.

El presidente, César Litardo (AP), convocó al Pleno a las 10:30 con ese propósito, aunque hasta ayer (10 de septiembre del 2019) los coordinadores de los bloques parlamentarios decían desconocer el alcance de los cambios que se pretendan realizar.

De hecho, la convocatoria llegó a los correos de los asambleístas en momentos que debatían las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que, según Litardo, serán sometidas a votación la próxima semana, después de cuatro meses de debate.

La discusión de las reglas electorales y de organizaciones políticas es un tema que estaba suspendido desde enero del 2018, cuando el país entró en el proceso de debate por la consulta popular.

Entre los legisladores, la disyuntiva surge porque durante los 20 meses que estuvo en suspenso el tratamiento del tema, llegaron nuevas propuestas que no fueron procesadas en el informe que presentó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Las últimas fueron entregadas a Litardo, el pasado 6 de agosto, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso (TCE), y abarcan temas como el cambio del método de asignación de escaños y la eliminación de las circunscripciones electorales.

Además, incluyen nuevos mecanismos para el control de los recursos de las organizaciones políticas y sanciones rigurosas por campaña anticipada y violencia política en contra de las mujeres.

De forma paralela, Luis Verdesoto, uno de los integrantes del CNE, entregó otro proyecto a la Asamblea, en el que se incluyen figuras como la de los fedatarios electorales, para verificar los gastos de campaña.

“Mi compromiso es procesarlas de manera colectiva con los diferentes sectores políticos para generar la votación que se requiere”, dijo ayer (10 de septiembre del 2019) la oficialista Ximena Peña, quien desde mayo pasado relevó en la Presidencia de la Comisión de Justicia a la correísta Marcela Aguiñaga.

No obstante, Peña reconoció que todavía no se ha revisado el tema entre la coalición parlamentaria compuesta por AP, Creo y asambleístas independiente, con miras a alcanzar los consensos.

Henry Cucalón, jefe de bloque del PSC, sostiene que jurídicamente es viable que el Pleno acoja las observaciones que han sido presentadas para la reforma, aunque no han sido analizadas por la Comisión de Justicia. Pero cree que no es lo más conveniente.

Lourdes Cuesta (ex-Creo), quien también forma parte de la mesa de Justicia, dijo no estar de acuerdo. Cuesta calcula que se pretenda cambiar al apuro entre el 70% y el 80% del Código de la Democracia.

“Prácticamente, estamos hablando de un Código nuevo”, concordó Aguiñaga, para quien el procedimiento podría tener visos de inconstitucionalidad.
Eddy Peñafiel, coordinador del Bloque de Integración Nacional (BIN), manifestó que la reforma también debe incluir un incremento en el monto para la promoción electoral de los candidatos.

Peñafiel también está de acuerdo con la propuesta de cambiar el método de asignación de escaños. Pero eso no tiene mayor eco entre los principales bloques de la Asamblea, como AP, Creo o PSC.

El hecho de que la Ley prohíba que se realicen cambios en esta materia un año antes de que se convoque a elecciones, obliga a que la reforma esté en el Registro Oficial hasta febrero próximo, cuando arrancará el proceso para los comicios generales del 2021.

En el cronograma de la Asamblea se proyecta que la aprobación del texto debe darse hasta el 20 de noviembre próximo, y que si hay objeciones por parte del Ejecutivo puedan ser procesadas hasta el 21 de enero del 2020, por el Parlamento.

Para mañana se prevé que las autoridades del CNE y del TCE sean recibidas por el Pleno en comisión general, para detallar sus propuestas.

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