Recorrer Quito y no ver vallas publicitarias es raro. En la ciudad hay letreros de todo tipo para anunciar diferentes marcas. Pero no todos cuentan con la licencia necesaria para operar, un hecho que ahora se puede constatar en varios puntos de la urbe.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecuta operativos de inspección y emite sanciones administrativas. Cubrir los anuncios o colocar sellos constituye una medida cautelar que dura mientras se aclara su legitimidad. De acuerdo con cifras compartidas por el supervisor de la AMC, Jaime Villacreses, en lo que va de 2022 se han llevado a cabo 965 inspecciones, con el resultado de 164 procedimientos sancionatorios.
En 2021 fueron 1 442 los operativos de la agencia, dejando 309 sancionados. El funcionario dice que en la actualidad hay alrededor de 700 elementos publicitarios colocados de manera irregular. Villacreses explica que ese número varía porque se retiran o “se van emitiendo las licencias que van solicitando las empresas”. Sin embargo, aclara que las multas se aplican cuando se constata que dicho permiso no estaba vigente en el momento de la revisión.
Normas difusas
La empresa de publicidad Sarmiento se mantiene en conflicto con el Municipio de Quito por el contrato de concesión para operar las paradas de buses y su explotación publicitaria. Sarmiento denunció desde 2019 la presencia de vallas que carecían de la Licencia Metropolitana LMU 41.
En 2019, Sarmiento demandó que existían 567 vallas ilegales, mientras que el Municipio dijo que había 407. En 2020, el Cabildo presentó un informe en el que se aseguraba que, de 1 092 vallas en Quito, 949 eran ilegales. Sarmiento, en cambio, afirmó que eran 679.
Según Ricardo Flores, representante de Sarmiento, el 89% de la publicidad en Quito funciona sin licencia. También acusó a las autoridades de no controlar el problema y permitir que las vallas “sean puestas a discreción”. Por otro lado, el Frente Representativo de Publicistas, Metalmecánicos y Rotulistas de Quito responsabiliza de la falta de regularización a una “norma caduca” que piden que sea reformada.
En un comunicado dirigido a este Diario detallaron que los requisitos impuestos en la Ordenanza 119 son “imposibles de cumplir”. Para solucionar el conflicto, plantean la reforma del instrumento jurídico que les permitiría “ajustarse a las necesidades actuales de la ciudad”. Confirmaron, a través del documento, que sus representantes están participando en mesas de trabajo para dicho fin.
Contaminación visual
Quito es una ciudad llena de agentes contaminantes a la vista. Los cables enredados, carteles pegados de manera improvisada en postes y grandes vallas publicitarias son parte del paisaje. Para el urbanista Hernán Orbea, el problema es real en la ciudad. Y no solo que afecta a la ciudadanía y la estética de las calles, sino que crea una gran confusión.
De acuerdo con la Ordenanza 119, hay prohibiciones específicas que impiden instalar elementos como vallas publicitarias en árboles, márgenes de ríos y quebradas, o en un radio de 200 metros de miradores, para citar un ejemplo.
Orbea explica que se trata de una agresión constante para persuadir a posibles clientes a comprar. No existe el confort visual necesario y estas estructuras lo transgreden en tamaño y en cantidad. La Agencia Metropolitana de Control insiste en hacer operativos en toda la ciudad y responde también a denuncias ciudadanas.
Este Diario solicitó una entrevista con las autoridades de control y, tras cancelarse un primer encuentro, se excusaron de contestar por algunos “temas de agenda”.
Los permisos
La obtención de la LMU 41 se tramita en cada Administración Zonal donde se pretenda colocar la publicidad. La AMC es la encargada de supervisar y controlar los espacios destinados a ese fin. Los requisitos para obtener el permiso incluyen un formulario con declaración juramentada, copias de cédula o pasaporte del propietario del predio, croquis y dos fotografías donde se aprecie la ubicación de las estructuras.
La publicidad es regulada siempre que se exponga en el espacio público. Si esta se encuentra en un predio privado, pero se visualiza desde calles u otros sitios públicos, también se debe tener licencia. La falta de regulación de estas estructuras es la causa por la que Sarmiento pide la reducción del canon a pagar al Cabildo quiteño.