No son abogados expertos en leyes, pero logran resolver conflictos. No están dentro de una sala de audiencias, sin embargo, están prestos para escuchar a las dos partes. Se trata de los jueces de paz que se posesionaron en Quito desde mayo de 2022.
Son ciudadanos comunes que se unieron a la iniciativa del Cabildo para promover la cultura de paz y mejorar la percepción de seguridad. Para Emilia Albornoz, directora Metropolitana de Gestión de Gobernabilidad, el programa en coordinación con el Consejo de la Judicatura forma a los voluntarios a fin de descongestionar el sistema de justicia ordinaria.
Hasta este 5 de septiembre de 2022, el sistema funciona en seis parroquias de la ciudad: Llano Chico, San Isidro, San Juan, La Magdalena, Alangasí y San José del Condado. No hay cifras de atenciones y resoluciones, ya que la primera evaluación se hará al finalizar el primer trimestre, según Albornoz.
Los jueces
Alex Caza tiene 22 años y cursa el octavo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Indoamérica. Él fue posesionado para atender a los vecinos de San Juan, en el centro de la capital. Atiende los martes y jueves, de 18:30 a 20:30, en la casa barrial. “Hay que esperar que la gente llegue porque aún no conocen el servicio”, relata.
En el tiempo que lleva como juez de paz ha notado que la mayor cantidad de gente que va lo hace buscando asesoría legal. Son entre cinco y seis personas que llegan cada semana, algunas hacen cita a través de los chats comunitarios.
La participación de los vecinos es fundamental para el éxito del programa. Con eso concuerda Marcela León, que también cumple con ese trabajo en la parroquia de Llano Chico. Tiene apenas 19 años, pero ya alcanza el quinto semestre de Leyes en la Universidad de Las Américas. Cree que es importante que la gente conozca a los jueces de paz, para que sigan llegando por ayuda.
En su sector, lo más recurrente es que la comunidad pelee por linderos. En esos casos pueden realizar una visita al territorio y conseguir un acuerdo donde las dos partes resulten beneficiadas. Caza hace énfasis en que el diálogo es la mejor manera de resolver conflictos. “Muchos llegan a la violencia antes de conversar”, lamenta. Añade que hay problemas que se pueden resolver fácilmente.
Conflictos resueltos
En San Juan, un joven pintó la pared de un vecino sin su permiso. Este se quejó en el centro de justicia de paz para llegar a una solución pacífica. De manera voluntaria llegaron las dos partes y accedieron a conversar con el juez. Finalmente, el joven pintó la pared que dañó y se disculpó con el vecino.
Para Caza es un logro importante haber impedido que el problema se haga más grande. En ese caso, lo usual habría sido pedir intervención de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y esperar una sanción administrativa.
El futuro abogado explica que también da seguimiento para que la reparación se cumpla y las partes no abandonen el proceso.
El éxito
El jurista Paúl Ocaña considera que es importante descongestionar el sistema de justicia ordinaria. Aunque él duda de que este sea el camino correcto, apunta que hay algunos beneficios para la comunidad. Resalta la importancia de socializar estos servicios con la ciudadanía, “para que la gente no crea que la solución a todos los procesos está en la vía judicial”.
Albornoz explica que es una necesidad de la ciudad el desarrollar un ambiente de convivencia pacífica. Para eso los jueces están capacitados para determinar qué casos deben remitirse a otra institución.
Ocaña está a favor de que el trabajo sea voluntario. En su experticia ve con buenos ojos la posibilidad de entablar el diálogo como un método válido de resolución de conflictos. El éxito del programa podrá ser medido a partir del año de funcionamiento, apunta este jurista. Además, valora que haya ciudadanos que estén prestos para cumplir con estas labores.