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100 abogados, tras cartera vencida de Quito

En los balcones de servicio del Municipio de Quito se obtiene información sobre el pago de tributos para evitar procesos de coactiva. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los resultados del examen de Contraloría al Municipio de Quito por el cobro de la cartera vencida y su recuperación por obligaciones tributarias pueden resumirse en una palabra: negligencia. El documento está lleno de “no hay”, “no inició”, “no se controló”. 

El ente de control determinó responsabilidades civiles por USD 75,4 millones en contra de nueve exfuncionarios del Cabildo quiteño. ¿Por qué? En sus periodos no iniciaron juicios coactivos para recuperar la cartera pendiente. 

El problema no solo es que los procesos entre 2011 y 2016 prescribieron tras los cinco años que señala el Código Tributario. La Contraloría dice en su examen que está pendiente la recaudación de USD 28,3 millones, del lapso entre 2016 y 2019, y corre el riesgo de que también prescriba.  

En julio de 2021, cuando aún era alcalde Jorge Yunda, se realizó el concurso para la contratación de abogados externos que se hagan cargo de los procesos de cobro.  Actualmente, según una respuesta de la Administración General enviada al despacho de la concejala Luz Elena Coloma, hay 100 abogados que están a cargo.   

Los expedientes son sorteados; hasta ahora, 65 124 se han entregado a los abogados, por un monto de USD 58 millones. Según los datos del Departamento de Coactivas, en 2021 se recaudaron 3,9 millones. 

Javier Bustos, docente universitario de Derecho Tributario, señala que hay dos opciones para el Municipio. La primera es transparentar la deuda, porque el Código permite depurar las deudas que no excedan un salario básico y sobre las cuales pasaron los cinco años.   

Esa opción se contempla porque hay casos en los que es más caro contratar abogados para la gestión del cobro que lo que el Municipio podría recaudar. Sobre esto, la Contraloría señala que el Jefe de Coactivas “no efectuó un análisis previo para determinar el costo-beneficio de iniciar procesos coactivos por montos poco significativos”.    

Otra opción es que el Cabildo emprenda el cobro de la cartera vencida, a sabiendas de que quienes recurrieron a la extinción de la deuda una vez que prescribió, puedan argumentar que ya pasaron los cinco años y por eso gestionaron que el Cabildo la dé de baja. 

Falta de gestión 

El examen del órgano de control se enfocó entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2020. Si bien la falta de gestión para la recuperación de deudas pendientes es el mayor problema de este período, el examen arroja otros hallazgos. 

Por ejemplo, se habla de que existen deudas tributarias y no tributarias que no se registraron contablemente en las cuentas pertinentes. Es decir, se colocaron en las cuentas de orden y no en las de por cobrar. Esto ocasionó que no se presentaran saldos reales en los estados financieros consolidados. 

En un caso, no se cumplieron diligencias legales previo inicio de proceso coactivo. La tesorera de la Agencia Distrital de Comercio emitió y notificó por la prensa un título de crédito, sin tener facultad para cumplir con esas diligencias. 

¿Qué dice el Municipio? 

En una respuesta escrita a Diario EL COMERCIO, la Administración General señala que el acto aún no les ha sido notificado. “Para que el Municipio tenga capacidad jurídica de actuar, el acto ­administrativo tiene que estar en firme y ejecutoriado”. 

Tras el informe de Contraloría, los funcionarios que fueron glosados pueden impugnar. Eso, según el Cabildo, alargaría el proceso para que sean notificados. 

“El Municipio se planteó re­cuperar cartera vencida de periodos anteriores, por un monto de USD 22,3 millones. Tenemos 100 abogados externos y pretendemos mejorar esa suma”, manifiesta la Administración General.