La Fiscalía General del Estado de Ecuador declaró en emergencia al Sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes de procesos penales que han sufrido amenazas o que su vida está en riesgo.
Actualmente el sistema vive una crisis por el permanente recorte presupuestario que empezó en el 2015 y la falta de personal policial.
Según la Fiscalía, para proteger a 1 100 personas en riesgo al momento solo se cuenta con 119 agentes a escala nacional.
En una carta enviada el 27 de mayo de 2022 la fiscal general, Diana Salazar, solicita atención urgente a los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y Economía y Finanzas, Simón Cueva.
En la misiva, la Fiscalía informa que la entidad se ve obligada a declarar en emergencia financiera al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal.
La entidad pide que de manera urgente e inmediata se incremente el personal policial, equipamiento, los medios logísticos, así como el presupuesto que es destinado para la protección y asistencia a las víctimas y testigos.
La directora del sistema, Anahí Briceño, informó a Ecuavisa que la situación es crítica pues cada vez hay más peticiones de protección por el aumento del crimen organizado en el país. “Recibimos solicitudes de protección a diario y sí hemos tenido atentados graves contra las personas protegidas”, aseguró.
La Fiscalía solicita al Gobierno que al menos se destinen 100 policías más de forma inmediata para cubrir necesidades urgente.