Parece cada vez más utópico exigir que se apliquen todas las normas constitucionales, sin ser atacado por ello; como ejemplo relataré un hecho reciente.
El Ministro del Interior informó, vía tuiter, que se había detenido a “la peor banda de crimen organizado” del país. Compartió detalles del operativo, los delitos que se les atribuía, el papel de la Policía Nacional, etc.
En respuesta a este mensaje, cientos de tuits de felicitación y uno, el de una defensora de derechos humanos, que decía “Otra vez @ppsesa omite palabra ‘presuntos’ al describir detenidos. Ya los juzgó. Si la prensa haría lo mismo…” (sic).
La réplica del Ministro fue inmediata: “…después de haber detenido a esta banda si ud desea enjuícieme y no me voy a defender y me voy preso, los jueces juzgaran”(sic).
Los “seguidores” del Ministro reaccionaron y empezaron los mensajes de reproche: “ojo con esta defensora de delincuentes”; “su odio y amargura hacen q siempre le vea el pero a hechos grandiosos como este supongo que estará lista a defenderlos” (sic); “ojalá nunca sea necesario delincuentes c topen con personas como [Ud.] para q sigan usando la presunción habiendo tenido pruebas” (sic); “…le puedo apostar que todos los aprendidos son culpables, este gobierno no funciona como en el caso Fybecca!!” (sic) .
Una pequeña muestra del enojo que provocó una invocación al cumplimiento de una obligación constitucional y el doble estándar con que se manejan estos temas. No se criticaba la detención, la investigación o el éxito alcanzado con el operativo; era una crítica legítima a un mensaje que no guarda conformidad con la obligación de presumir la inocencia de toda persona investigada, procesada, detenida, sin importar quién o de qué se le acuse.
La historia es pródiga en ejemplos de arrestos indebidos, por eso la culpabilidad debe ser declarada, luego de un proceso judicial con garantías, por jueces independientes e imparciales. La “declaración” de culpabilidad -anticipada- desde los medios de comunicación o funcionarios públicos de alto nivel, son presiones indebidas a la justicia.
Igual de grave es afirmar que una persona, o peor aún un Régimen, es infalible, que sus acciones siempre son correctas y que nunca cometerá una injusticia; esto implica defender a un gobierno de personas, no de leyes, exponiéndonos a posibles abusos, viviríamos en estado de inseguridad mayor que el provocado por la delincuencia: bastaría un parte policial, o la declaración de una autoridad, para que una persona sea declarada culpable ¿para qué administración de justicia, proceso judicial o defensa? Felicitaciones Ministro por haber asumido, con los riesgos que esto significa, una lucha frontal contra la delincuencia organizada; pero es necesario tener apertura a las críticas en una sociedad democrática. Los seres humanos no somos infalibles, cuando ejercemos poder estamos más expuestos al escrutinio público.