Gabriela tenía 36 años y dos pequeños niños que hoy están en la orfandad. El viernes fue hallada sin vida en un departamento del centro cuencano y el testimonio de quien dijo haber perpetrado este femicidio es desgarrador. Contó a la autoridad judicial que todo se originó por una discusión, que la tomó del cuello, la asfixió y que cuando intentó reanimarla fue tarde. ¡Penoso!
El Estado está obligado a movilizar todo su aparato para frenar estos casos fatales. Las estadísticas son preocupantes. Dentro de la emergencia desatada por el coronavirus los reportes aumentan mes tras mes.
En marzo, apenas iniciada la pandemia, se conocieron cinco femicidios en el país. En abril subió a siete, en mayo a 18, en junio a 20 y julio cerró con 26 muertes violentas.
El confinamiento y las restricciones vigentes por la crisis vulnera más a las víctimas. Está bien que la Fiscalía haya habilitado sistemas virtuales para denunciar, pero permanecer cerca del agresor siempre será un obstáculo para pedir ayuda.
Los casos que la Fiscalía ha podido conocer muestran cifras dramáticas. En la semana del 16 al 22 de marzo, es decir, cuando recién estalló el problema sanitario, se conocieron 107 casos de violencia psicológica contra la mujer. Pero del 10 al 16 de agosto hubo un repunte y se registraron 630.
El comportamiento de la violencia física también deja ver un aumento. De 29 reportes conocidos a inicios de marzo pasó a 89 en estos días. Esas dos mediciones son primordiales, porque son alertas de un posible femicidio.
La empresa privada se ha preocupado de este tema. En una encuesta aplicada a 2 000 mujeres de entre 18 y 55 años que viven en siete provincias, el 67% consideró su hogar como un lugar inseguro. El 85% reconoció que durante estos meses sus ingresos se redujeron, que aquello lleva a depender de sus parejas y que esa es otra causa para el maltrato.
El diagnóstico está ahí y los candidatos a la Presidencia también están obligados a decir al país qué harán ante este escenario complicado.