El monopolio de la fuerza, en teoría, la tendría el Estado ejercida por el gobierno de turno; pero en la práctica, este monopolio infortunadamente fue asumido y tomado por la fuerza por la delincuencia, frente a un evidente retroceso y falta de respeto a la autoridad policial y a la institucionalidad estatal. Las causas de este infortunado fenómeno, en parte importante tiene su partida de nacimiento en las decisiones tomadas en su momento por el correismo; sumado al equivocado enfoque de los DDHH, que antepondrían los derechos del delincuente sobre los de la policía y de la gente, sin querer comprender las elementales intenciones de cada quien (la del delincuente es delinquir e incluso asesinar sin piedad; la del policía proteger, servir y defender; y, la del ciudadano movilizarse con tranquilidad y seguridad); sin perjuicio de la prudencia excesiva – por no decir tibieza – gubernamental de gobiernos anteriores.
En mis columnas de meses atrás, alertaba la necesidad urgente de retomar el poder y fuerza del Estado, ya que, si no se lo hacía, la delincuencia no solamente tomaría por asalto las calles, sin perjuicio de dirigir y liderar en y desde las cárceles, sino que se tomarían las instituciones, algo que ya se estaría dando, y como síntoma de aquello sería, entre otros, el “caso metástasis” impulsado valientemente por la Fiscalía.
Con la delincuencia no se puede ni debe negociar, sino que se la debe combatir y vencer sin amilanarse, recuperando y ejerciendo el Estado el legítimo uso del monopolio de la fuerza para aplicarla con determinación y firmeza, junto con el control territorial, en aras del orden y de la civilidad, como se ha logrado favorablemente en Singapur, El Salvador, USA, etc. Los recientes decretos del presidente Noboa, irían en tal sentido, en buena hora y por fin. La paz junto con la seguridad son patrimonios fundamentales del ciudadano, no digamos de la sociedad que quiere avanzar de verdad; sin embargo, hay momentos particulares que, para defenderlas, se debe utilizar irremediablemente la fuerza, en una suerte de legítima defensa social, y este es el caso del Ecuador; ya que la paz sin dignidad ni libertad no es duradera ni es paz verdadera. En esta tardía, pero en buena hora ya dada guerra (conflicto interno armado) categorizando a determinados antisociales como objetivo militar en razón de lo que son, terroristas – sino narcoterroristas con cobijo político – sin duda alguna, es preferible que el país esté algunas semanas paralizado, que toda una vida secuestrado.