El 8 de marzo próximo se conmemora el día internacional de la mujer. Entonces, es bueno reflexionar sobre cómo va su situación en relación a sus derechos políticos; inclusión laboral; seguridad, y los techos estructurales y sociales.
En el camino de alcanzar la equidad y paridad en participación política, el Ecuador está avanzando. La implementación de la norma que exige que el 50% de las listas esté conformado por mujeres, empieza a dar resultado en términos de representación. En las últimas elecciones seccionales, -en donde por esta vez se aplicó la regla del 30%-; más mujeres llegaron a las alcaldías. En comparación con el 2019, donde 18 mujeres lo lograron; en el 2023, 42 fueron electas. Sin duda, la norma ayudó a que más mujeres llegaran a espacios de elección popular y eso, en términos de paridad es una buena noticia.
Sin embargo, si bien el número creció, hay dudas razonables acerca de la calidad de la representación. Esto, a causa de la falta de estructura y debilidad de los partidos políticos, que hizo que escogiera candidatas sin formación política ni experiencia en gestión administrativa. Ahora, el reto que se viene por delante para ellas y sus partidos, es hacer un buen trabajo que marque una oportunidad de participación para otras mujeres.
En otro ámbito, la nueva ley de economía violeta plantea un paso más en el camino de la equidad en inclusión para las mujeres. Su normativa inclusiva respecto a contratación, salario y maternidad, abre una luz en el camino de igualdad. Falta que se viralice su aplicación, y se generen mecanismos de control efectivos para su puesta en marcha.
Desafortunadamente, la persistente violencia política y de género, sigue siendo el elemento que opaca cualquier avance en normativa. Sin seguridad ni sistemas de protección efectivos, el camino de igualdad se vuelve más difícil. Este será un 8 de marzo agridulce, porque los logros que se van alcanzado, se deslucen con la violencia estructural que se niega a ceder.