Petita Albarracín visitó el martes 29 de diciembre del 2020 las instalaciones del Cepam, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Fue una lucha y un proceso de casi 18 años que implicó lágrimas, tristeza y dolor buscando justicia por la muerte de su hija Paola Guzmán, ocurrida el 13 de diciembre del 2002, a poco de haber cumplido 16 años.
En este camino, Petita Albarracín (63 años) se encontró con personas y organizaciones que la ayudaron con ese propósito de vida. Este caminar de años tuvo su desenlace en la justicia internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 14 de agosto pasado.
En ese día, ese organismo regional con sede en Costa Rica dio a conocer su fallo y declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación de Paola Guzmán. Según la Corte, vivía una “situación continuada de abuso y violencia sexual”, lo que causó su suicidio.
Por cerca de dos años, Paola sufrió violación sexual por parte del entonces vicerrector del colegio fiscal de Guayaquil donde estudiaba. Ella quedó embarazada y fue obligada por el agresor a abortar. Para agravar la situación, el médico del colegio le exigió tener relaciones sexuales para practicar la intervención. Así, el 12 de diciembre del 2002, Guzmán se suicidó ingiriendo fósforo blanco. No fue atendida a tiempo en el colegio ni enviada a una casa de salud. Al día siguiente falleció.
Desde ahí, la vida de Petita Guzmán cambió dejando parcialmente su actividad como comerciante de ropa con la que se ayudaba a mantener a sus dos hijas, para poder acudir a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Magisterio y el Ministerio de Educación. Su otra hija, entonces de 5 años, quedaba encargada. De igual forma, el apoyo que le dio su hermana mayor que vive en Estados Unidos fue fundamental, más aún con el fallecimiento de su madre dos semanas después de la muerte de Paola.
Su agradecimiento es invaluable para el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam-Guayaquil) y el Centro de Derechos Reproductivos, especialmente en la demanda internacional. Para el 2002, el vicerrector fue destituido por abandono del cargo.
Lita Martínez, directora del Cepam, destaca el proceso de empoderamiento que en este tiempo ha tenido Petita Albarracín, que se vio expresado principalmente en las dos audiencias internacionales en las que participó, exponiendo su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2015, en Washington, y luego en la Corte IDH, en enero pasado.
Su testimonio fue potente y tuvo una gran importancia en todo el proceso internacional y en la vida de Petita. Volvió más segura para enfrentar principalmente los argumentos que esgrimiría el Estado.
Ahora, una nueva fase en su vida es el activismo; más aún tomando en cuenta los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes que hay en el país y en el sistema educativo. De hecho, la sentencia en el caso de su hija marcó un hito regional: es el primero de la Corte IDH sobre violencia sexual en instituciones educativas.
En esta nueva etapa, Petita Albarracín encuentra sentido en acompañar a otras madres cuyas hijas pasan por lo mismo, tras un luto que duró cerca de 18 años.