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Pago estatal alivia en parte a los prestadores de salud

Los centros de hemodiálisis tienen tres turnos de atención diarios. El costo mensual por usuario es USD 1 400. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La cirugía era la única alternativa. Un problema degenerativo había desgastado aceleradamente la cadera de Alejandro Costta, tanto que le era difícil caminar.

Para acceder a una prótesis completa comenzó hace dos meses el trámite, pero ni las unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP) ni las del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Quito, pudieron atenderlo. Por esto, el joven de 36 años fue derivado a la clínica El Batán. Entró al quirófano el 2 de diciembre.

“Siento que volví a nacer”, comenta mientras avanza en su recuperación. “Estuve averiguando y la cirugía está por los USD 30 000”.

Esta factura pasó al Estado, aunque su cancelación podría tardar meses. La pandemia generó una larga lista de cirugías represadas, algunas de elevado costo y alta complejidad. Clínicas y hospitales privados atendieron varios de estos casos que ahora se suman a las cuentas pendientes de pago.

Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), cuenta que algunos de sus integrantes se endeudaron para adquirir, por ejemplo, prótesis para cirugías traumatológicas que superan los USD 15 000.

“Se endeudaron porque les pidieron apoyo para dar atención. Ahora han decidido que ya no pueden recibir a los pacientes”, menciona Delgado.

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció la asignación de USD 150 millones para cumplir con los proveedores del MSP en los pagos pendientes que “fueron heredados del gobierno anterior”. Ese valor se divide entre centros de hemodiálisis, clínicas, hospitales, más las unidades de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Solca.

Por eso Delgado dice que el monto que llegará a los 66 centros de la Achpe es insuficiente y solo aliviará en parte una cuenta que ha crecido durante un año y siete meses. La deuda hasta finalizar octubre alcanzaba los USD 160 millones.

Desde 2009 se abrieron los convenios de prestación de servicios debido al incremento de pacientes con cobertura de salud en el sector público. La red privada complementaria ha dado soporte, principalmente en procedimientos complejos como trasplantes, cirugías cardíacas,  neurocirugías y hemodiálisis.

En Ecuador hay cerca de 13 500 personas con insuficiencia renal crónica que requieren terapia continua, tres veces por semana. El costo mensual de sus sesiones de hemodiálisis es de USD 1 456.

Claudia Rugel tiene cinco años en esa sacrificada rutina de sesiones que empiezan a las 05:00. Es la secuela de una eclampsia durante su último embarazo, que afectó severamente sus riñones.

“El tratamiento, de por sí, es duro. Y también tenemos que soportar comentarios como que quizás el próximo mes ya no podrán atendernos porque no hay recursos. Nuestra vida depende de la máquina”, dice la madre de tres niñas que recién en este año espera entrar a la lista de trasplante renal.

Con sus cuentas en rojo, los 85 centros de hemodiálisis del país han ajustado su atención. Algunos no tienen cómo cubrir fármacos básicos para los usuarios como insulinas, hierro o antihipertensivos que son necesarios si ocurren descompensaciones. Otros incluso redujeron el tiempo de sesión, que usualmente es de cuatro horas diarias.

También se están agotando los sueros y otras medicinas para la anemia, cuenta Wilmer Burgos, otro usuario. “Seguimos en la lucha, incluso arriesgándonos durante la pandemia en plantones para pedir que nos escuchen y vean lo que estamos sufriendo”.

Cristina Freire, vocera de estos centros, dice que la deuda por 17 meses de tratamiento supera los USD 250 millones. Con la reciente asignación del Gobierno algunos proveedores recibirán pagos de uno o dos meses, y muy pocos de hasta cinco meses.

Freire menciona que se ha llegado a un punto en que si no cancelaban al menos dos meses, deberían enviar a los pacientes en enero al MSP. Pero el sistema público no tiene esa capacidad de atención.

En septiembre los centros de hemodiálisis ganaron una acción de protección que dispuso el desembolso a través de un cronograma que no se ha cumplido. En mayo se abrió también la opción de pago mediante bonos, pero el procedimiento se estancó.

Ahora los representantes de sector privado esperan reunirse con el presidente Guillermo Lasso para fijar montos mensuales de cancelación para seguir funcionando.

Mientras reciben una respuesta, la atención continúa. Tras la cirugía de cadera, Costta acude a sesiones de fisioterapia en la clínica y ya ha dado sus primeros pasos.