La ola de quiebras provocada por la pandemia puede aumentar el poder de las empresas grandes. El FMI llama a los gobiernos a tomar medidas. Foto: Freepik.es
La crisis causada por la pandemia se ha cobrado la vida de miles de empresas en el mundo, sobre todo pequeñas y medianas. La desaparición de estos negocios ha prendido las alarmas en organismos internacionales, no solo por la pérdida de millones de empleos sino porque el mercado puede quedar a merced de los grandes monopolios.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió, el mes pasado, que un poder de mercado excesivo y concentrado en manos de unas pocas empresas puede lastrar el crecimiento a mediano plazo.
Por eso es importante que los gobiernos intervengan y nivelen el campo de juego en muchos sectores productivos, desde las destilerías hasta el mundo digital, pasando por los hospitales, señaló la directora del FMI, Kristalina Georgieva.
El FMI realizó un estudio sobre el aumento del poder del mercado empresarial desde inicios de 1980 hasta el 2016. Ahí señala que ese poder ha aumentado en las últimas décadas y probablemente seguirá creciendo debido a la ola de quiebras durante la pandemia.
Por ejemplo, el estudio señala que desde 1980 los recargos en los precios internacionales han aumentado más de 30%, en promedio, en las empresas de las economías avanzadas que cotizan en la Bolsa de valores. Y en los 20 últimos años, ese aumento prácticamente se duplicó en el sector digital respecto del resto de la economía.
Las grandes empresas tecnológicas están en la mira. Las que desplazaron a sus rivales y trastocaron el mercado hace dos décadas se están transformando en operadores dominantes que hoy no enfrentan la misma competencia por parte de compañías nuevas. El FMI cree que con la pandemia se puede ahondar el problema.
En febrero pasado, la senadora demócrata Amy Klobuchar reconoció que la economía estadounidense “se enfrenta a un enorme problema de competencia que no puede seguir escondiéndose bajo la alfombra”. Ella presentó un proyecto de Ley de Reforma de la Competencia y de la Aplicación de la Ley Antimonopolio, destinado a limitar la concentración de poder empresarial en la economía, con especial atención en las gigantes tecnológicas de Estados Unidos.
La reforma plantea nuevos obstáculos a las grandes plataformas que intenten absorber a competidores más pequeños. El objetivo es evitar que se repitan operaciones como la adquisición de Instagram por parte de Facebook, el 2012.
La reforma también busca más fondos para las agencias antimonopolio y hacer un mayor escrutinio en fusiones por más de USD 5 000 millones o en aquellas que impliquen una adquisición por parte de una empresa dominante, es decir, que cuenten con una cuota de mercado del 50% o posean una influencia significativa.
De hecho, el FMI cree que un factor que contribuye a la mayor concentración de poder de las empresas es el auge de las fusiones y adquisiciones, especialmente de aquellas lideradas por empresas dominantes. “Si bien esta actividad puede reducir costos y mejorar los productos, también erosiona los incentivos para la innovación y abre la puerta para que las compañías puedan subir los precios al consumidor”.
Pero los ciudadanos no son solo consumidores: también son trabajadores, votantes, empresarios y miembros de la comunidad, explica Sarah Miller, directora de la ONG American Economic Liberties Project. En la práctica, cuando las industrias se consolidan, los consumidores a veces pagan menos por los productos, pero los salarios se estancan y el espíritu empresarial se tambalea, señaló Miller al portal elEconomista.es, el mes pasado.
En Ecuador, la amenaza de una mayor concentración empresarial es poco probable, al menos en el corto plazo. Esto se explica porque antes de la pandemia ya existía una alta concentración del mercado en el país. Además, el número de fusiones y adquisiciones se redujo en el 2020 (ver gráfico).
Según la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (Scpm), Ecuador ha mantenido históricamente mercados altamente concentrados, entre otros factores, por la falta de una normativa, que se puso en vigencia recién el 2011. Este organismo estima que un 70% de los sectores económicos en el país tenía una alta concentración de mercado en el 2018.
Asimismo, las operaciones de concentración económica -adquisiciones o fusiones- bajaron de 23 a 10 entre el 2019 y el año pasado. “Las compañías no tienen la intención o el incentivo económico de llevar a cabo adquisiciones o fusiones, debido a la contracción de la oferta, los beneficios esperados por la venta de productos, la inestabilidad de los mercados -que dificulta proyectar ganancias por la adquisición de negocios- y la priorización de los recursos económicos para promover estrategias que les permitan continuar operando en el mercado”, señaló la Superintendencia.
Este organismo estima que actualmente “no se evidencian cambios drásticos en cuanto a la estructura competitiva de los mercados… Posiblemente, las consecuencias sobre el mercado serán visibles únicamente a largo plazo”.
De todas formas, Ecuador ha realizado avances para actualizar sus políticas de competencia. A finales del mes pasado, la Superintendencia recibió los resultados de un examen en el cual participó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay una lista de recomendaciones que el país deberá cumplir si quiere alcanzar estándares internacionales.