¿Richard Martínez, ministro de Finanzas, podría ser enjuiciado políticamente por recortes a Educación?
La bancada correísta presentó este 19 de mayo del 2020 una solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas Richard Martínez. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Jimmy Candell, presentó este miércoles 20 de mayo del 2020 la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
El pedido se dejó en cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión, el miércoles 6 de mayo del 2020. Ese día se resolvió iniciar las acciones correspondientes para concretar un juicio político en contra del ministro Martínez, por los recortes presupuestarios al sector educativo.
La mesa de Educación informó a través de un comunicado que las firmas de respaldo para la solicitud son de asambleístas de diferentes bancadas y movimientos políticos: Bloque de Integración Nacional (BIN), Creo, Partido Social Cristiano, Alianza País, Revolución Ciudadana, Partido Sociedad Patriótica, SUMA y otros asambleístas independientes.
La solicitud se presentó con 45 firmas de respaldo. En el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece como requisito juntar al menos una cuarta parte, 35 firmas, de los 137 asambleístas.
En la solicitud de enjuiciamiento se argumenta que Richard Martínez incumplió cuatro cuerpos normativos: la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.
La comisión legislativa sostiene que el Ministro “decidió de forma ilegal, arbitraria y antitécnica una disminución presupuestaria tanto del Sistema Nacional de Educación como de los presupuestos de las instituciones de educación superior públicas, incluyendo aquellas particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado, así como las que operan en el Ecuador bajo convenios internacionales, afectando gravemente a todos los niveles del sector educativo”.
Tras la presentación de la solicitud, la mesa de Educación espera la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y su remisión a la Comisión de Fiscalización y Control Político para su informe. De ser este favorable, pasa al Pleno del Legislativo, donde se aprueba o niega el juicio.
32 universidades públicas enfrentan una reducción de alrededor de USD 98 millones, por lo que el 28 de mayo, habrá una audiencia en la Corte Constitucional. Y rige una medida cautelar, para de forma temporal, suspender ese recorte. También el Ministerio de Educación ha sufrido por segunda ocasión disminuciones en el presupuesto, que hicieron por ejemplo que se elimine el Bachillerato Internacional en planteles públicos. Esto pese a que la Constitución en su artículo 165 dice que ni en estado de excepción pueden tocarse los fondos para educación y salud.
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